La administración de Donald Trump aseguró ayer que los campamentos fronterizos de organizaciones no gubernamentales que ayudan a migrantes pueden estar haciendo labores ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, refiere una carta del Organismo Federal de Gestión de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés), que planteó preocupaciones significativas sobre una actividad potencialmente ilegal y exigió información detallada en una investigación de amplio alcance.

El Fema sugirió que proporcionar vivienda temporal y otra ayuda puede violar una ley utilizada para perseguir a traficantes de personas y que los refugios pueden haber cometido delitos graves relacionados con el traslado ilegal de personas a través de la frontera o en su transporte dentro de Estados Unidos, informó The Guardian.

La misiva es bastante aterradora. No voy a mentir, dijo Rebecca Solloa, directora de Caridades Católicas de la diócesis de Laredo, Texas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continuó solicitando a los albergues de Texas y Arizona que ingresen a personas incluso después de la carta, fechada el 11 de marzo, lo que los puso en la incómoda situación de hacer algo que, según el Fema, podría ser ilegal.

Ambas agencias forman parte del Departamento de Seguridad Nacional y también han sido acusadas de retener fondos a organizaciones, a las que exigen los nombres de las personas a las que han ayudado o han insinuado que algunas organizaciones benéficas trafican con personas.

Tras recibir la carta, Caridades Católicas en Texas, el centro comunitario Holding Institute, en Laredo, y Annunciation House en El Paso, Texas, siguieron recibiendo personas y familias del ICE en sus refugios, provenientes de Rusia, Turquía, Irán, Irak, Papúa Nueva Guinea, China, Honduras y Venezuela, entre otros países.

El Fema otorgó 641 millones de dólares a docenas de gobiernos estatales y locales, así como organizaciones en todo el país en el año fiscal 2024 para su labor de lidiar con un gran número de indocumentados, pero suspendió los pagos durante su investigación, que exige a los albergues proporcionar una lista detallada y descriptiva de los servicios específicos prestados.

Los funcionarios ejecutivos deben firmar declaraciones juradas en las que señalen que no tienen conocimiento ni sospechan que alguien en sus organizaciones viole la ley contra el traslado ilegal de personas.