El quinto y último conversatorio en torno al dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión confrontó la visión de los concesionarios de medios audiovisuales, que se quejaron de sobrerregulación en materia de contenidos, que afecta la libertad de expresión, y la de organismos defensores de los derechos de las audiencias, los cuales consideraron que la legislación debe ir más allá.

Con ello concluyeron esos foros de discusión en los que participaron 89 ponentes. El paso siguiente es integrar los cambios pertinentes al dictamen, para votarlo en un periodo extraordinario en la segunda quincena de junio.

Desde el mediodía, trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones estuvieron en plantón fuera del Senado y después de las tres de la tarde cerraron los accesos en demanda de que la legislación señale que todo el personal de ese órgano que está a punto de extinguirse será liquidado de acuerdo con la ley. Fueron recibidos por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, José Antonio Álvarez Lima y Enrique Inzunza, quienes se comprometieron a atender su solicitud.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García Herrera, se quejó de que la ley propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum se centra en ese sector, y preguntó por qué no se regulan también los servicios de streaming y las páginas digitales. Al perro más flaco que se le carguen todas las pulgas, reprochó. Rechazó que se regule excesivamente los contenidos con el argumento de que la pluralidad y la diversidad de medios garantizan el derecho de las audiencias a elegir libremente.

El consultor de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan de Dios Barba Nava, sostuvo que esa ley viola disposiciones del T-MEC sobre el piso parejo entre operadores de radiodifusión, ya que es injusto que se privilegien las concesiones para el Estado sobre las de particulares.

Incluso reprochó que María de los Ángeles Huerta, académica de Comunicadores del Pueblo, haya expresado que el proyecto de ley da papel importante al Estado en la regulación y delimitación de los derechos de las audiencias, pero es preciso definir claramente esos derechos y hacer vinculantes las quejas, porque los medios comerciales mienten y manipulan la información con total impunidad. ¿Los medios públicos no mienten?, preguntó el consultor de Coparmex.

En entrevista aparte, Huerta reafirmó que quienes mienten sistemáticamente son los medios comerciales. No tenemos por qué seguir permitiendo manipulación, sesgos de la información que a diario vemos en las televisoras y las estaciones de radio; el Estado todavía no entiende que no puede privilegiar la libertad de información sobre la libertad de las audiencias y que se debe incluso quitar la concesión a quien transmite información falsa en beneficio de sus intereses.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, Hilda Saray Gómez González, subrayó que no basta enunciar en las leyes los derechos de los usuarios, sino que es preciso establecer mecanismos claros para garantizarlos.