La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que un tribunal de Miami, Florida, sentenció a Genaro García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares.

La cifra representa el triple del dinero público que el ex secretario de Seguridad Pública, también sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, desvió en contratos ilícitos a empresas de su propiedad o vinculadas con él, cuando fue funcionario de Felipe Calderón y posteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ya no tenía un cargo.

Con la sentencia culmina un caso iniciado por la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 21 de septiembre de 2021. En él se acusó a García Luna, su esposa y otros seis cómplices, así como a 44 firmas de diferentes países, de haber esquilmado al erario entre 2009 y 2018, mediante 30 contratos de tecnología y seguridad con la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Luego de un proceso que ya se había adelantado que el gobierno mexicano ganaría por default –dado que ni García Luna (preso desde diciembre de 2019) ni Pereyra acudieron a las sesiones de conciliación–, la jueza Lisa Walsh determinó que la mano derecha de Calderón deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares y su esposa otros mil 740 millones 25 mil 540, como parte de la restitución al Estado mexicano.

El proceso contra García Luna y cómplices se basa en que el gobierno de México pagó 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) en contratos ilícitos a firmas vinculadas al ex funcionario, por medio de un esquema de triangulación de recursos que incluía empresas localizadas en paraísos fiscales –desde países insulares hasta Estados Unidos–.

Por medio del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, el ex secretario de Seguridad recibió 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos por contratos ilícitos, y los pagos ingresaron a cuentas de Israel y Barbados, que luego fueron transferidos a empresas fachadas de México y Estados Unidos, donde el dinero se lavó mediante inversiones inmobiliarias en Florida.

De acuerdo con los informes de la UIF, a través de Nunvav se cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank, en Barbados, por conducto de Citibank. Al menos 76 millones de dólares fueron movidos por esta empresa panameña del conglomerado Weinberg y regresaron a México mediante 64 operaciones, utilizando cuentas de una casa de bolsa y de bancos en el país.

Entre García Luna y Pereyra deberán pagar casi 2 mil 500 millones de dólares, debido a que la ley de Florida estipula que la reparación deberá equivaler a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente.

A la fecha, el gobierno mexicano ha recuperado 2 millones 801 mil 672.7 dólares –menos de 0.4 por ciento– de los 745.9 millones en que se estima el desfalco por el que se acusa a García Luna y cómplices. Sin embargo, la UIF advirtió que a partir de la emisión de la sentencia, el Estado mexicano procederá a su ejecución respecto a los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros.

Como parte de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una en relación con la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a un millón 970 mil 872.72 dólares, así como un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares. Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca de la misma firma, se recuperaron 275 mil dólares, recordó la UIF en un comunicado.

Señaló que los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras el bien inmueble está bajo administración del gobierno de México para su venta. Hasta el momento, bajo la propiedad directa de García Luna y su esposa, como personas físicas, así como de las empresas OGGI Caffe LLC, GL& Associates Consulting LLC y GLAC Security, no se han localizados otros bienes.