La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que ha detectado 11 inmuebles de la demarcación que carecen de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y son utilizados por grupos del crimen organizado, bandas de extranjeros o personas en situación de calle.

Al comparecer ante las comisiones de Administración Pública Local, Límites Territoriales y de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso capitalino, la funcionaria mencionó que algunas de esas propiedades ubicadas en varias colonias de la alcaldía operan como hoteles y son utilizadas para la explotación sexual de mujeres o como centros de operación y control de actividades criminales.

En entrevista, indicó que ha planteado al gobierno de la ciudad, por medio de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, la necesidad de realizar operativos para expulsar a dichos grupos y recuperar los inmuebles mediante procesos de extinción de dominio a fin de destinarlos a centros culturales, deportivos o albergues.

La alcaldesa criticó que la Secretaría de la Contraloría General no ha informado aún de los avances en las investigaciones por las denuncias que presentó en contra de la gestión de su antecesora, Sandra Cuevas.

Durante su comparecencia, aun cuando ofreció colaborar con el gobierno y el Legislativo para atender los problemas de la demarcación, devolvió a la diputada Leonor Gómez Otegui una lista de establecimientos que operan en el corredor Roma-Condesa señalados por los mismos vecinos por los altos niveles de ruido que generan, al sostener que era un asunto que correspondía atender a la PAOT.

Antes, la legisladora había criticado a la alcaldesa por no atender los exhortos aprobados por el pleno del Congreso que se le han dirigido, e iniciar en cambio discusiones en sus redes sociales a propósito de un punto de acuerdo por el que se le solicitó información sobre las acciones de bacheo en la demarcación, al advertir que además de promocionar el producto utilizado para realizar dichas obras, se adquiere con sobreprecio y es de mala calidad.

Rojo de la Vega justificó la compra al acusar al gobierno de la ciudad de no proporcionarle la mezcla asfáltica requerida para dicho programa.