El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CMW) solicitó a México que aplique políticas migratorias centradas en las personas y sus garantías, por encima de los enfoques de seguridad.

El organismo de la ONU también expresó preocupación por lo que llamó la creciente militarización de la gestión migratoria, la participación de actores sin competencia legal y el uso extendido de la detención por motivos de movilidad.

El CMW publicó sus observaciones finales al cuarto informe periódico de México sobre la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, y aunque reconoció avances legislativos y diplomáticos, criticó las prácticas actuales y apremió a cesar la participación de las fuerzas armadas en estas funciones.

Lamentó la ausencia de una evaluación del impacto de los mecanismos de verificación migratoria y señaló que, por el contrario, se ha profundizado el enfoque centrado en la seguridad. Observó debilidad institucional en supervisión, rendición de cuentas y formación del personal en derechos humanos.

Celebró la reforma a la Ley de Migración de 2020, que la armoniza con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con lo que se eliminó la detención de menores y familias, en línea con estándares internacionales.

También destacó el fortalecimiento de la asistencia consular mexicana, especialmente en Estados Unidos, y valoró las medidas de apoyo legal y protección para mexicanos frente a deportaciones, aunque recomendó mayor capacitación y recursos para los consulados.

Alertó sobre la participación de empresas privadas de seguridad y operativos de verificación realizados por actores sin facultades. Recomendó terminar con la intervención de cuerpos armados, como Guardia Nacional, Ejército y Marina, y con la subcontratación de funciones migratorias a privados, para que ese control quede en manos de personal civil especializado.

Manifestó preocupación por la falta de transparencia en acuerdos en la materia con Estados Unidos, especialmente por la devolución de personas de terceros países a México, lo que las deja en situación vulnerable. Denunció expulsiones vía aérea desde el país vecino del norte hacia Chiapas sin información ni apoyo adecuados.

Respecto a la privación de libertad de indocumentados, aunque reconoció avances tras una sentencia de la Corte, pidió limitar la detención a 36 horas. Instó a terminar con el arresto de personas vulnerables y criticó el uso de eufemismos como aseguramiento o presentación.

Asimismo, criticó el uso de centros de canalización con condiciones similares a los de encierro y la separación de familias. Dijo que las autoridades mexicanas realizan operativos en lugares no destinados al tránsito internacional, como centros comerciales o terminales de autobuses.