La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió ayer la posibilidad de que un tribunal federal confirme la orden de aprehensión contra el empresario Francisco Álvarez Morphy Alarcón, conocido como El rey de las vacunas, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunta defraudación fiscal equiparada.

Por unanimidad de votos, la sala aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien al revisar el asunto del empresario de la industria farmacéutica –obtuvo contratos millonarios en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón– fijó la doctrina sobre cuál es la vía en el sistema oral para que una persona acusada de un delito sea llevada ante un juez. El togado definió tres vías: citatorio, orden de comparecencia y orden de captura.

El proyecto establece que cuando una persona acusada evita intencionalmente enfrentar la justicia, se justifica aplicar una medida excepcional que permite emitir una orden de arresto sin necesidad de haber intentado antes otras formas de citación.

Lo anterior, debido a que existen indicios documentados por las autoridades de que Álvarez Morphy ha evitado presentarse ante las autoridades judiciales. La Corte se pronunció sobre el tema a solicitud del segundo tribunal colegiado en materia penal, para que con base en esa doctrina los magistrados revisen si fue correcta o no la orden de detención girada en su contra.

Lo anterior, debido a que el empresario –de acuerdo con el expediente judicial– fue citado a una audiencia inicial el 3 agosto de 2020, pero la defensa logró que fuera reprogramada hasta el 8 de septiembre del mismo año. El 4 de septiembre, la FGR solicitó al juez de control librar una orden de aprehensión en su contra al tener conocimiento de que se encontraba fuera del país, petición que fue negada porque no se había cumplido el plazo.

El 7 de septiembre, Álvarez Morphy informó al juez que por temas de salud no podía regresar al país al siguiente día; durante la audiencia del 8, el juez dio un nuevo plazo de 36 horas, el cual se venció sin que demostrara su presencia en México. Por ello, el 11 del mes, la FGR obtuvo la orden de aprehensión contra quien, en ese momento, fue considerado prófugo de la justicia.