éxico, en los últimos años, dio pasos importantes en dignificar el trabajo y fortalecer los derechos laborales. Aun con todos los esfuerzos, persisten rezagos históricos que vulneran a millones de trabajadores y trabajadoras. Por eso, desde la Cámara de Diputados propuse un paquete de reformas orientado a mejorar sustancialmente la calidad de vida de quienes día a día sostienen la economía de nuestro país. Sin embargo, la lucha por la justicia laboral en la Cámara ha sido obstaculizada por la falta de voluntad política.
Las reformas que propongo no son gestos políticos ni promesas vacías: son propuestas profundamente humanas, necesarias y urgentes. Hablo, en principio, de garantizar dos días de descanso obligatorio por cada cinco trabajados, un cambio que permitiría a las y los trabajadores tener más tiempo para estar con sus familias, cuidar su salud y recuperar energías. México ha mantenido prácticamente intacta su jornada laboral por más de un siglo y es uno de los países que más horas trabaja. Ya es hora de avanzar hacia un modelo más justo y equilibrado.
Propuse también duplicar el aguinaldo, de 15 a 30 días, como un acto elemental de justicia y reconocimiento. Desde 1970 este derecho no se ha tocado, mientras los costos de vida no han dejado de crecer. Esta reforma significa, literalmente, un respiro económico para millones de familias al cierre de cada año. Es inaudito que sigamos permitiendo la disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora, pues lo justo es una apropiada distribución de los recursos que ellas y ellos producen a lo largo del año.
En la misma línea, presenté una ampliación a 20 días del permiso de paternidad, con posibilidad de extenderlo a 30 en casos especiales. Esta propuesta no sólo responde a una necesidad emocional y familiar, sino que promueve la equidad de género y fortalece la corresponsabilidad en la crianza, lo cual otorga una mayor capacidad de autoestima y de confianza, según algunos estudios científicos y sicológicos a los niños en edad de crecimiento. La paternidad presente y comprometida también es una política de bienestar. No podemos pretender que la restitución del tejido familiar del país sucederá sólo a través de las voluntades individuales: el Estado debe garantizar las condiciones para que esto suceda.
Otra deuda histórica que puse sobre la mesa es la inclusión laboral de las personas adultas mayores. Con esta iniciativa buscamos que las empresas integren al menos 5 por ciento de su plantilla con personas mayores de 60 años, reconociendo su experiencia, su aporte y su derecho a un ingreso digno, sin discriminación por edad. Si bien el sistema debería permitir que las y los ancianos dejen de trabajar en la vejez, nuestra realidad exige su inclusión para disminuir la desigualdad y garantizar recursos suficientes para una vida digna, además de que muchas personas después de esa edad están todavía en actitud y capacidad de laborar.
Asimismo, y pensando que México es un país con más de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas, también propuse que los contratos laborales sean traducidos a lenguas originarias, si el trabajador lo solicita. Ningún derecho es pleno si no es comprensible: las y los hablantes de lenguas originarias son parte fundamental de nuestra nación y, por tanto, deben ser plenamente considerados. Esta es una apuesta por la equidad real, por la justicia y contra el abuso.
Además, abogo por una prima vacacional hasta por 30 días que esté exenta de impuestos, armonizando así la legislación fiscal con los recientes avances de Vacaciones Dignas, y asegurando que ese tiempo de descanso no implique una pérdida económica para la clase trabajadora. Basta de los abusos de la clase empresarial: las y los trabajadores no viven para trabajar; trabajan para vivir y tienen derecho a gozar de esparcimiento y descanso auténtico.
Recientemente, presenté una iniciativa para reformar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de establecer una indemnización de 90 días de salario por cada año trabajado en casos de despido injustificado. Mi propuesta se origina en un principio de justicia básico: ninguna persona trabajadora debe ser despedida sin una compensación que genuinamente reconozca los años entregados a su lugar de empleo, su esfuerzo, su compromiso y su lealtad. Actualmente, la legislación incluye sólo 30 días por año, lo cual no cubre ni las dificultades emocionales ni las necesidades materiales de alguien que se enfrenta a la pérdida de su sustento diario. Busco, con esta reforma, equilibrar auténticamente la balanza en favor de quienes se llevan las tareas más duras en el entorno laboral: la clase trabajadora.
Estas reformas, que tocan de manera directa y concreta la vida de millones de personas, permanecen hoy estancadas. Y no es por falta de argumentos ni por falta de urgencia, sino porque algunos intereses políticos han preferido hacer oídos sordos a la justicia laboral. Hasta hoy, no hay voluntad para debatir ni compromiso con la transformación del mundo del trabajo. A medida que el periodo legislativo se acerca a su fin, los avances son mínimos. Esta realidad legislativa es profundamente preocupante. ¿Será que han olvidado que sin la fuerza obrera, la transformación que atraviesa el país sería imposible?
La clase trabajadora no puede seguir esperando. Cada día que estas reformas no se aprueban es un día más de desigualdad, de explotación encubierta, de injusticia normalizada. Estas propuestas no son radicales: son sensatas, sostenibles, necesarias. Y sin embargo, están siendo bloqueadas por quienes olvidan que el verdadero pulso de este país late en los brazos, las mentes y los corazones de millones de trabajadoras y trabajadores. Son ellas y ellos quienes producen la riqueza nacional, no equivoquemos la mirada. Porque transformar el mundo del trabajo no es un lujo ni una utopía: es una responsabilidad histórica.
