Martes 22 de abril de 2025, p. 25
Un juez federal del estado de México otorgó una suspensión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para que tenga contacto con abogados y familiares. La semana pasada promovió un juicio de amparo contra actos de incomunicación.
El ex servidor público reingresó a principios de abril al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, para continuar con el proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho.
Marín Torres promovió dicho recurso el pasado 14 de abril ante el juzgado primero de distrito en materia penal en el estado de México, donde señaló que desde su reingreso el 2 de abril, cuando le fue revocada la medida cautelar de arraigo domiciliario, las autoridades del penal federal del Altiplano lo mantienen incomunicado.
En la demanda, su abogada, Pamela de Jesús Ramírez Cruz, manifestó que no ha podido visitar a su cliente para entrevistarlo por medio de los locutorios, ni por llamadas telefónicas, lo cual, sostuvo, es una violación grave al derecho humano a la defensa técnica en materia penal
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Agregó que se le impide preparar su estrategia legal, bajo el irregular argumento de que únicamente tiene derecho a una llamada telefónica semanal por un lapso de 10 minutos, la cual debe elegir con quien usar (familia o abogado)
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Por ello, Juan Pablo Cortés Torres, titular del juzgado primero de distrito en materia penal con residencia en el estado de México, concedió a Marín Torres la suspensión de plano y ordenó a las autoridades del Altiplano cesar de inmediato el acto reclamado y que se le permita entrevistarse con sus familiares y/o defensores.
El ex mandatario gozaba desde el 14 de agosto del año pasado de prisión domiciliaria en su casa de Xilotzingo, Puebla, después de poco más de tres años de prisión preventiva en la cárcel federal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, con brazalete electrónico y supervisión directa.
Mario Marín fue acusado de haber ordenado la detención ilegal y tortura de Cacho en 2005, luego de que la periodista publicó un libro sobre la existencia de una red de explotación sexual infantil que implicó al empresario Kamel Nacif, amigo del ex mandatario poblano