or doble vía despachó la presidenta Claudia Sheinbaum cualquier posibilidad de validación de la continuidad del pro estadunidense Daniel Noboa en el poder ecuatoriano.

En primer lugar, el profundo agravio cometido al ordenar la irrupción en la embajada mexicana en Quito para sustraer por la fuerza a un ex funcionario correísta al que México amparaba, con la intención de concederle asilo. Y en segundo término, pero no menos importante, por las evidencias claras del uso del aparato gubernamental para apoyar al candidato-presidente Noboa, que ni siquiera disimuló, pidiendo licencia al cargo, que su campaña se apoyaría en la estructura y los recursos gubernamentales, incluyendo el control del órgano electoral y el uso del ejército para amago, con base en un declarado estado de excepción.

La postura de Sheinbaum tiene especial relieve en el contexto de algunos gobiernos progresistas de Latinoamérica que han preferido cerrar los ojos ante los claros indicios antidemocráticos habidos en el proceso de Ecuador (el chileno Gabriel Boric, un ejemplo, aunque, en realidad, sus posturas acomodaticias no han sido la excepción).

Tanto la visita presidencial a Honduras, para participar en la sesión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como el rechazo a la imposición de Noboa en Ecuador constituyen signos básicos de perseverancia de una fórmula política, de relativa distancia de México respecto a la vecina nación imperial, que el largo periodo de poder priísta cultivó a fin de adjudicarse tonalidades de izquierda para exportación y que los gobiernos marca 4T han mantenido sin acentos provocativos.

Esos rasgos de no alineamiento con los dictados de la Casa Blanca tienen un especial rango de riesgo ante la mirada torcida de Donald Trump, que pretende retomar el papel de gran y vigoroso rector mundial, con castigos supuestamente ejemplares para los países y gobernantes que desafíen sus políticas.

En el caso mexicano se vive una circunstancia engañosa en lo retórico y gráfico. En apariencia, el escandaloso de Washington tiene gran aprecio por la Presidenta de México, a quien dirige elogios en cuanto puede. Pero en los hechos se vive una creciente toma de ganancias y un constante amago.

La administración Sheinbaum ha cedido-negociado-cooperado (escoja el lector el término que le parezca más aplicable) en términos que contrastan con la escurridiza conducta sexenal de López Obrador (incluso casi beligerante en su último año de gobierno). El secretario de Estado de Estados Unidos ha dicho, con intención de magnificar los logros de la era Trump, que nunca se había tenido una cooperación tan estrecha con México como en esta etapa claudista (Omar García Harfuch es el nuevo y temporal personaje favorito del flanco duro del gobierno gringo).

Y así, mientras la mirada pública se entretiene en los temas de la migración, el combate al crimen organizado y los aranceles, Trump y sus halcones van militarizando la frontera a niveles sugerentes de preparativos bélicos, ya sea para contención de enemigos o para disuasión y presión cobrables en negociaciones civiles.

Una primera lectura de los inusitados movimientos militares en torno a México (buques de guerra, aviones espías, 27 kilómetros de boyas flotantes en el río Bravo, por dar ejemplos) podría sugerir que Trump va colocando sus piezas para lanzar en fecha aún indefinida un golpe espectacular contra los cárteles mexicanos ya declarados organizaciones terroristas.

Frente a esas maniobras amenazantes, el gobierno mexicano mantiene la política de no caer en provocaciones y dialogar cuanto sea posible, al tiempo que extiende lazos hacia la parte de Latinoamérica que le es posible, en busca de solidaridad.

Y mientras se sigue discutiendo sobre la eficacia de la prohibición de narcocorridos en espectáculos públicos, ¡hasta mañana!

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