En el contexto de las próximas elecciones judiciales, Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamercana (Ibero), sostuvo que donde se desarrollan más litigios es en las instancias locales y también es allí donde se cometen la mayor cantidad de injusticias.

El jesuita señaló que en su experiencia de más de 20 años como defensor de derechos humanos (dirigió el centro Miguel Agustín Pro Juárez) constató de primera mano que “las cárceles mexicanas están llenas de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos, y muchos están encarcelados por delitos muy insignificantes: el robo de comida o de animales.

En las prisiones no habitan los delincuentes más peligrosos o los que han cometido delitos de cuello blanco, sino que están las personas que no han tenido acceso a una defensa de calidad, y no se les han respetado sus derechos humanos más mínimos.

Ante ese panorama, la reforma al Poder Judicial brinda cierta esperanza de que algunas personas electas de verdad tengan independencia judicial, integridad y capacidad”. Sin embargo, para el también abogado existen más riesgos que posibilidades de que las cosas cambien en materia de justicia.

Hace unos días, tras el lanzamiento del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, advirtió que hay posibilidades de que los graves problemas de justicia no serán resueltos y que pese a que el sistema anterior presenta graves fallas, el que se propone sustituirlo no subsana los vicios anteriores ni propone nuevas formas de acercar la justicia a la ciudadanía.

En entrevista con La Jornada, criticó que no se haya abordado una reforma a las fiscalías, porque ahí es donde empieza la consecución de un posible delito, y esa parte está totalmente omisa en la reforma.

Consideró que la reforma al Poder Judicial se pudo haber hecho de otra manera, más gradual, porque el problema no es tanto en los juzgadores, sino en las fiscalías y las investigaciones. Existen muchas fallas que tienen también los sistemas, y que se dan en las bases.

Añadió que muchas fiscalías no cuentan con un enfoque decidido en favor de los derechos humanos y son espacios de impunidad estructural, corrupción e ineficiencia. Lo hemos visto recientemente en el caso de Teuchitlán, donde se documentó la ineficiencia de la fiscalía de Jalisco, al tiempo que se evidenciaron las carencias de la federal.

Insistió en que lo más importante es cómo se garantiza a la ciudadanía un acceso a la justicia que realmente busque la verdad y la no repetición de los hechos y devuelva la confianza a la ciudadanía en la justicia.