El Estado mexicano comparecerá por segunda ocasión en lo que va del año ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), ahora por la desaparición y posterior feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade el 14 de febrero de 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El pasado 30 de enero, México también tuvo que responder ante el organismo por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, víctima de violación sexual por militares en febrero de 2007 en la sierra de Zongolica, Veracruz, quien falleció debido a las lesiones sufridas y ante la falta de atención médica oportuna.

La audiencia por el primer caso está programada el 26 de marzo en la sede de la Corte, en San José, Costa Rica, en el marco de su 173 periodo de sesiones. También fueron llamados la madre de la víctima, Norma Andrade, testigos y peritos para que presenten sus alegatos y observaciones.

De acuerdo con el informe del caso elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el día de la desaparición Norma Andrade avisó a la fiscalía de Chihuahua, pero las autoridades le indicaron que debían pasar 72 horas para empezar a investigar y que buscara con el padre de los hijos de Lilia.

Siete días después, en un terreno baldío entre las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional, en Ciudad Juárez, su cuerpo fue encontrado encima de una sobrecama. Al día siguiente, la oficina técnica de servicios periciales determinó que la muerte había ocurrido entre 48 y 56 horas antes aproximadamente, según la CIDH

El 6 de marzo de 2001 se recibió el dictamen de criminalística de campo, levantamiento de cadáver y serie fotográfica realizados por un agente del Ministerio Público, el cual concluyó que la muerte fue por estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual.

En el largo camino en busca de justicia, Norma Andrade y sus representantes denunciaron que entre 2002 y 2012 hubo amenazas, agresiones físicas, robo y acoso, entre otros, contra personas que intervinieron en el proceso para esclarecer el homicidio de Lilia, incluyendo a su madre, algunos de los cuales fueron ejecutados por funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua y presuntamente por otros agentes de esa entidad.

En su informe de fondo, la CIDH consideró que el Estado no actuó conforme con sus obligaciones derivadas del deber de prevención de garantizar la vida, la libertad y la integridad personal de las personas, en un contexto probado de violencia contra las mujeres.

En otro caso, la Coridh realizará una audiencia de supervisión de cumplimiento a la sentencia el 27 de marzo por la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado Espinoza, perpetrada por militares en el ejido Benito Juárez, Chihuahua, en diciembre de 2009.