or su muy privatizador entender, en enero de 1992 Carlos Salinas de Gortari decretó que en México el reparto masivo de tierra ha concluido, y dijo: quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo a los casi 2 millones de solicitantes de tierra y a los más de 4 millones de jornaleros agrícolas, pero (a ellos) tenemos que darles una respuesta. ¿Y cuál fue? El neolatifundismo, vía el defenestrado ejido, que complementó otro de los circuitos de la propiedad de la tierra en nuestro país, disfrazada de concesiones mineras, a pesar de que la Constitución (artículo 27, fracción XV) ordena que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

Fue tal el cinismo de Salinas al privatizar el ejido que instruyó a su entonces secretario de Agricultura, Carlos Hank González, para que modificara la historia nacional con la flexibilidad que ameritaba la ocasión y diera un pequeño giro a la bandera zapatista Tierra y Libertad, dados los crecientes reclamos por tal decisión. Así, el profesor –uno de los hijos predilectos de la revolución institucionalizada– afirmó, sin sonrojarse, que dicha consigna no es la correcta, pues según él, lo que el nativo de Anenecuilco en realidad dijo fue: Trabajo y Libertad, de tal forma que los cambios a la Constitución promovidos por el presidente de la República no sólo respetan su ideario, sino que lo promueven. Todo para justificar otro de los execrables despojos del innombrable.

En uno de sus informes de gobierno, un sonriente Salinas de Gortari afirmó que el nuevo artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias en materia de propiedad y aprovechamiento de la tierra, así como de aguas y bosques, recogen la experiencia, demandas y aspiraciones de los campesinos. Protegen a ejidatarios y comuneros, ampliando, no restringiendo, sus libertades. Les dan certeza en sus derechos y respetan sus decisiones sobre sus tierras y sobre su asociación para así poder superar los graves defectos del minifundio. Es una reforma de libertad, vinculada a la democracia en las asambleas ejidales. Es una reforma de justicia al reconocer a los campesinos como actores del cambio y al responder con apoyos a sus demandas. Da certidumbre en la posesión de la tierra y termina simultáneamente con el engaño de promesas de reparto, ya físicamente imposibles, y de invasiones de tierras, jurídicamente sancionadas.

Pues bien, a 33 años de distancia el resultado concreto de la liberación de los ejidatarios el panorama resulta terrorífico: tierras, aguas y bosques han sido acaparados por unas cuantas familias multimillonarias dedicadas a la agroindustria, la minería, el turismo y otros sectores productivos, como el inmobiliario (sin olvidar a las del crimen organizado), más políticos y ex funcionarios, mientras los campesinos liberados se mantienen en miserables condiciones.

Muestra de eso es lo publicado por La Jornada (Jared Laureles) en su edición de ayer: “sólo 36 personas poseen más de 39 mil hectáreas en alrededor de 63 mil ejidos de propiedad social que se encuentran en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así como áreas naturales protegidas del país, terrenos que son destinados al mercado inmobiliario para construir fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía o proyectos mineros, de acuerdo con una investigación del Registro Agrario Nacional; se trata de un ‘expolio de la propiedad social’, define el documento, el cual se enfocó ‘a los grandes acaparadores de tierra de propiedad social… Ese poder económico casi siempre está ligado al poder político local, y en algunos casos al nacional. No se puede entender la actuación impune si no existió algún tipo de colusión con quienes pueden tener acceso a los trámites’. Entre estos terratenientes figuran políticos, ex funcionarios y empresarios, quienes a partir de la falsificación de documentos, contratos leoninos, prestanombres, cooptación y amenazas a las asambleas ejidales y la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, han acaparado grandes extensiones de tierra aprovechando la tendencia privatizadora salinista de 1992 en el campo” (otras fuentes hablan de más de 200 mil hectáreas en unas cuantas manos).

Pero lo anterior apenas es una muestra del brutal despojo promovido y autorizado por el régimen neoliberal.

Las rebanadas del pastel

El gobierno federal y la Fiscalía General de la República deben meter el acelerador a fondo en las investigaciones, no sólo en Teuchitlán, Jalisco, sino en toda la República. El castigo debe ser ejemplar.

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