igue la danza de la incertidumbre y del sortilegio en el gobierno de Estados Unidos. Nos recuerdan la película de Disney en la que un aprendiz de brujo invoca a los espíritus para que, por arte de magia, cubos y más cubos de agua llenen un pozo, al influjo de sus poderes. Su deseo se cumple, pero la magia se vuelve contra el aprendiz, y el flujo de agua se vuelve incontrolable e inunda la habitación, las escaleras y todo el castillo, amenazando con ahogarlo a él mismo. La pregunta es si Trump encontrará a tiempo una fórmula para contrarrestar el sortilegio que tuvo la ocurrencia de invocar.
Esta analogía cabe en momentos en que Trump inventa día con día medidas para construir un Estado a la medida de su ego. Paulatina, pero consistentemente, convierte su estilo de gobernar en un desaguisado que tiene poco o nada que ver con el gobierno de una sociedad moderna. En esta serie de ocurrencias, la más reciente corresponde a la desaparición de la Secretaría de Educación.
La autonomía para que cada estado organice su propio sistema educativo es una norma constitucional. Hay, sin embargo, algunas normas aplicables a toda la nación de forma homogénea; la Secretaría de Educación Pública es responsable de administrarlas. Una de ellas es la partida en el presupuesto federal para garantizar el apoyo a los estudiantes de menores recursos económicos, y los que padecen alguna limitación física o mental. Para estos últimos existen apoyos directos que se canalizan a los sistemas escolares de cada estado.
En el caso de los estudios de educación superior, la responsabilidad de administrar esos fondos recae en la Secretaría de Educación Pública. Trump pretende eliminar del presupuesto esta institución por considerar que maneja una función que la educación privada puede realizar más eficientemente. Gracias a los fondos que el Estado les garantiza, las universidades públicas y algunas privadas son sede de los descubrimientos científicos que han permitido a la sociedad salir de las tinieblas en innumerables campos de la vida cotidiana.
En sus aulas y laboratorios se han gestado descubrimientos, motivo de innumerables premios Nobel. No menos importante para la salud social es que en sus recintos se ha defendido la libre expresión y el apoyo al movimiento en favor de los derechos humanos. A Trump y sus exégetas les disgusta esta función social, y pretenden acallarla eliminando la secretaría responsable de apoyar la educación pública.
Por razones sociales y culturales, hay un legítimo reclamo en algunos sectores de la población, derivado de los privilegios que muchos de quienes han egresado de la educación superior gozan, y por su abandono o distanciamiento paulatino de quienes, al fin y al cabo, han pagado con sus impuestos esa formación privilegiada. Tal vez en ese reclamo no aparente se albergó un resentimiento en contra de las administraciones demócratas, que pudo ser uno de los factores que influyó en el voto a favor del Partido Republicano.
Hay que recordar que entre los temas predilectos de su campaña estaba la crítica a las élites educadas en las universidades de las costas este y oeste del país, cuyas mayorías anidan en el Partido Demócrata. En una entrevista, Michael Roth, presidente de la Universidad Wesleyan, líder en la innovación de programas en educación superior, expresa la importancia de defender el derecho a la libre expresión frente a la acometida de Trump, en su afán de atemorizar a las autoridades universitarias a expresar su oposición a las políticas del presidente.
Pero también destaca la importancia de privilegiar el diálogo entre corrientes de diferentes ideologías, estratos sociales y económicos, en el que tengan cabida todos como un medio para integrar a aquellos que no pertenecen a las élites académicas, a la corriente democrática. Entenderlo, para los demócratas, será una oportunidad para recuperarlos y una lucha para evitar que Trump continúe demoliendo su Estado, tal como fue concebido hace 200 años.
Mientras tanto, en una más de las declaraciones insólitas, el secretario del Tesoro insinúa que los rebeldes hutíes son un factor de la inflación.