La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró que promueve medidas enfocadas al ejercicio racional, eficiente y transparente de su presupuesto, así como su permanente disposición de rendir cuentas a la sociedad mexicana en el ejercicio de los recursos públicos que se le otorgan.

Para este año cuenta con un presupuesto que asciende a 58 mil 85 millones de pesos, de los cuales 52 mil 183 millones son aportados por el gobierno federal y 5 mil 902 millones son ingresos propios de la máxima casa de estudios.

En un comunicado recordó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas puso en marcha el Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025, que a partir del 1º de enero es de aplicación obligatoria para todas las entidades y dependencias universitarias.

Dicho programa fue publicado en la Gaceta de la UNAM en diciembre pasado, y la máxima casa destacó también ayer que es consecuente con las medidas de austeridad promovidas por el gobierno de México y está basado en la política institucional de transparencia y rendición de cuentas que la Universidad ha llevado a cabo desde hace más de dos décadas.

La UNAM recordó igualmente que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su momento que esta casa de estudios hizo un programa de austeridad que me parece muy bien.

La universidad refirió algunas de las acciones concretas que lleva a cabo, como que no se autorizará la creación de plazas laborales, con excepción de las estrictamente necesarias para nuevos proyectos académicos y estratégicos.

Asimismo, los funcionarios universitarios, particularmente los adscritos a la rectoría, no recibirán incremento en sus percepciones salariales; se hará una revisión de la estructura tabular para adecuarla a las disposiciones legales vigentes en materia federal; y los viajes al extranjero y al interior del país serán disminuidos al mínimo necesario y se impulsará el uso de formatos digitales de participación.

De igual forma, se reducen en 30 por ciento las partidas presupuestales de viáticos para el personal; pasajes aéreos, así como gastos por reuniones de trabajo y combustibles; y se prohíbe la contratación de nuevas líneas de telefonía, con excepción de las destinadas a entidades o dependencias de nueva creación o proyectos prioritarios.