La desigualdad de género en el mercado laboral persiste, específicamente en el subsidio al empleo, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ifigenia Martínez y Hernández (CEFP).

De acuerdo con el estudio, si bien este beneficio fiscal –que redistribuye el ingreso al reducir el impuesto sobre la renta (ISR)– fue modificado en mayo de 2024 para mejorar la equidad, la población más beneficiada siguen siendo la de hombres en todos los niveles salariales.

A medida que el salario aumenta, la proporción de mujeres beneficiarias disminuye, lo que refleja una menor presencia femenina en los niveles salariales más altos y una disparidad en los niveles más bajos, indica el reporte.

De esa forma, 58 por ciento del total de la población que percibe entre 0.5 y un salario mínimo son hombres, mientras que el 43 por ciento son mujeres.

Además, 66 por ciento de la población que tiene ingresos mayores a 5 salarios mínimos son personas del sexo masculino y sólo 34 por ciento femeninos.

La brecha salarial de género es un problema persistente en el mercado laboral. A pesar de los avances en equidad de género, las mujeres siguen enfrentando desigualdades salariales y menores oportunidades de acceso a empleos mejor remunerados.

De acuerdo con el centro esto se explica debido a que la informalidad laboral en las mujeres es mayor en comparación con los hombres, lo que genera que la población femenina tenga bajos ingresos y por lo tanto no tenga acceso al subsidio al empleo.

Al dejar fuera del alcance de este tipo de políticas públicas a las mujeres, se genera un efecto excluyente que perpetúa su vulnerabilidad económica, señala el análisis.

El CEFP refirió que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que al cierre del año pasado, 46.3 por ciento de las mujeres mayores a 15 años de edad pertenecían a la población económicamente activa, pero de esta proporción 97 por ciento está ocupada.

No obstante, del total de población femenina activa, 54.9 por ciento labora en empleos del sector informal, es decir, no cuentan con seguridad social.

Apuntó que datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que en 2022, 44.4 por ciento de la población total de mujeres tuvo un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, mientras ese organismo reportó que al cuarto trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral para la población femenina se ubicó en 55.2 por ciento, dato que contrasta con 54 por ciento para los hombres.

El reporte indica que si bien el subsidio al empleo fue restructurado al elevar el límite de ingresos para ser beneficiario e intenta mejorar la equidad y la formalización del trabajo, su impacto sigue siendo diferenciado por género.

Además, el propósito del beneficio fiscal es mejorar el ingreso disponible de los asalariados y fomentar la formalidad laboral, ayudando tanto a los trabajadores como a las empresas al reducir los costos laborales.

Es indispensable repensar este tipo de políticas para que incorporen criterios de género y estrategias que permitan su aplicación efectiva en los sectores donde mayoritariamente laboran las mujeres, garantizando así una verdadera equidad fiscal y laboral, concluyó.