La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra personal de la Secretaría de Marina (Semar) por presuntos pagos irregulares a proveedores que ascienden a 40.7 millones de pesos.

Esta acción se deriva de denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno –antes Secretaría de la Función Pública)– tras detectar inconsistencias durante una inspección realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en 2023.

En dicha revisión, se evidenció la falta de documentación que respaldara los pagos efectuados a proveedores mediante 14 facturas, lo que llevó a la presentación de una denuncia formal.

El Informe de la Fiscalización 2024 de la Secretaría Anticorrupción señala que el OIC realizó una inspección en la Semar sin encontrar evidencia suficiente que justificara la documentación, trámites y pagos realizados a proveedores por 40.7 millones de pesos.

Debido a ello, se inició un Informe de Irregularidades Detectadas (IID), el cual fue remitido al Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC.

Posteriormente, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación para determinar si se cometieron delitos de corrupción.

Según información obtenida por La Jornada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el OIC detectó irregularidades en la Dirección de Servicios Generales de Hidrográficos. Entre las anomalías encontradas se identificaron expedientes de adquisiciones sin facturas, compras sin autorización y otras deficiencias en la documentación de procesos de contratación.

El objetivo de la revisión fue verificar la legalidad, eficiencia, economía, transparencia y control en los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios dentro de la Dirección General de Servicios Generales de Hidrográficos. Asimismo, se evaluó el cumplimiento de la normatividad en el registro y ejercicio del presupuesto asignado, incluyendo el capítulo de servicios personales y el control de materiales adquiridos con recursos públicos.

El alcance del proceso de fiscalización abarcó mil 61.4 millones que fueron objeto de muestreo. En este contexto, se identificó una inadecuada integración de expedientes en la Dirección General Adjunta de Armamento, con omisiones en facturas y actas de entrega-recepción.

Además, se detectó falta de documentación en expedientes de contratación de bienes y servicios en la Dirección General Adjunta de Informática y en autorizaciones de gasto en la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.