Luego de participar la semana pasada, junto con otras madres de víctimas de feminicidio, en un plantón en el Zócalo capitalino, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana Gutiérrez, niña de 12 años que fue asesinada en el estado de México, se reunió con Delfina Gómez, gobernadora de dicha entidad, para abordar la urgente necesidad de reparación del daño, tras una incansable lucha por justicia.

Gutiérrez fue acompañada por María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), agrupación que asesora el caso desde hace una década. Ambas coincidieron en que la reunión se logró gracias a gestiones de Citla-lli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien se contactó directamente con Lorena. Las madres que estaban en la protesta querían hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lorena contó a La Jornada que el feminicidio de Fátima se perpetró el 5 de febrero de 2015, en Lerma, estado de México. Como medida de protección, la familia fue desplazada a Monterrey, Nuevo León, y allí su otro hijo, Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, se convirtió en víctima colateral del crimen de su hermana, a los 16 años, por una negligencia médica.

Ante esta situación, la madre también busca reunirse con el gobernador Samuel García, pero contó que le dijeron que no tiene tiempo, porque su agenda está muy ocupada, por lo que tendrá que ser con el secretario de Gobierno de Monterrey (Javier Navarro).

Lorena sostuvo que durante 10 años ha luchado por justicia, pero que las determinaciones de los jueces no han permitido obtenerla; ha sido revés tras revés que favorece a los feminicidas de mi hija.

Narró que a uno de los agresores, que en el momento del crimen tenía 17 años, se le dictaron sólo cinco años de cárcel y a otro se le cambió la pena. A principio de año, el Poder Judicial federal amparó al tercer feminicida y obligó al Poder Judicial del estado de México a explicar por qué le dictaron prisión vitalicia, como si no fuera claro. También dejaron en libertad al (entonces) menor; sólo cumplió cinco años. No es posible que en el país se sigan protegiendo los derechos de los asesinos.