ranscurridos cerca de 18 años, los tribunales mexicanos se han negado sistemáticamente a resolver a favor de los trabajadores las tres huelgas mineras estalladas el 30 de julio de 2007 (Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero) en contra de Grupo México. En cambio, los impartidores de justicia no hay hecho otra cosa que mantener impune y proteger los intereses del tóxico Germán Larrea, lo que da puntual cuenta de que no sólo Ricardo Salinas Pliego patrocina a ciertos integrantes del Poder Judicial.

Lo peor del caso es que en el sexenio anterior algunos integrantes del gabinete se prestaron a este oscuro proceder –concretamente en el caso de la mina San Martín, en Sombrerete–, tras la queja presentada por el Sindicato Nacional de Mineros que derivó (junio de 2023) en una solicitud del gobierno estadunidense para que el mexicano investigara la situación de los trabajadores en ese centro productivo,concesionado a Grupo México, consorcio que sistemáticamente ha violado el derecho de huelga y de libre asociación sindical.

En ese entonces, las secretarías del Trabajo y de Economía estuvieron a cargo de atender la solicitud del gobierno estadunidense en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, con el fin de revisar la situación de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, concesionada al citado corporativo, propiedad del tóxico barón.

Dicha solicitud, presentada por la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, encabezada por Katherine Tai, se basó en la violación de los derechos laborales de los trabajadores en la mina San Martín en huelga (junto con las de Cananea y Taxco), toda vez que Grupo México lejos de atender las demandas de los trabajadores simplemente reanudó las actividades productivas e ilegalmente contrató personal ajeno al sindicato titular del contrato colectivo del trabajo, el Nacional de Mineros.

Tanto Trabajo como Economía simplemente se lavaron las manos, batearon la solicitud, aseguraron que dicha solicitud estaba fuera del ámbito del MLRR y que si había algo que arreglar, pues que los trabajadores recurrieran a las instancias judiciales mexicanas, es decir, las mismas que a lo largo de casi 18 años sistemáticamente les han negado la justicia y se han dedicado a mantener impunes a Grupo México y a su propietario, a pesar de que hay un laudo favorable al Sindicato Minero que lo reconoce como titular del contrato colectivo, al tiempo que responsabiliza al corporativo de causar y lo condena a pagar salarios caídos y prestaciones.

Como en aquel momento se comentó en este espacio, por aquellos ayeres las solicitudes presentadas en el marco del MLRR sumaban 11. De ese total, 10 fueron resueltas favorablemente para los trabajadores (en ninguna apareció relacionado el nombre de Germán Larrea). Sola una, la de la mina San Martín, fue rechazada por las autoridades mexicanas, en línea con el proceder de los dos sexenios anteriores.

Y colorín, colorado, esta historia no ha terminado, porque el pasado jueves el Sindicato Nacional de Mineros anunció que “pedirá la nulidad del panel laboral por el caso de la mina San Martín, a la vez que anunció que solicitará la instalación de uno nuevo, ya que el representante del gobierno de México ante esa instancia del T-MEC (el citado MLRR), Lorenzo Roel Hernández, actuó de manera “parcial. Nahir Velasco, coordinador jurídico del sindicato, señaló que ese personaje –también representante de la Coparmex y de las cámaras patronales– incurrió en omisiones e influyó en la decisión de los otros dos panelistas, además de que argumentó que la huelga estallada hace más de 17 años fue por ‘un tema personal’ entre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y el empresario Germán Larrea”, cuando en realidad el conflicto estalló por violaciones al contrato colectivo, a la libertad sindical y a la falta de condiciones de seguridad en la mina.

Entonces, ¿cuánto tiempo más?, porque parece que, en su denodado esfuerzo por mantener impune al tóxico Germán Larrea, para las autoridades mexicanas 18 años no son muchos, casi un suspiro.

Las rebanadas del pastel

De inmediato enseñó el cobre: aún no se instala en la oficina principal de la embajada de Estados Unidos en México, pero Ronald Johnson –ex militar de fuerzas especiales y veterano de la CIA, con lo que ello implica– ya habla de la posibilidad del utilizar la fuerza militar gringa en territorio mexicano contra los cárteles de la droga. Y ese es el tono con el que este energúmeno comienza su labor diplomática en nuestro país.

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