ada miércoles, centenares de jubilados se manifiestan a las puertas del Congreso argentino para implorar al gobierno neofascista de Javier Milei que frene la motosierra con la cual aniquiló el poder adquisitivo de sus pensiones, y cada miércoles son vejados por los esbirros al mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, esta semana se vivió un punto de inflexión: después de que el pasado 5 de marzo un fanático del club de futbol de barrio Cacharita Juniors, de 75 años, fuera rociado con gases y golpeado por policías que le rompieron una muñeca, los hinchas de ese deporte que es casi una religión en el país austral decidieron acompañar y proteger a las personas de la tercera edad. Ese apoyo dio paso a una cadena de respaldos espontáneos de diversos sectores sociales que revitalizaron la lucha por un ingreso digno en diversos puntos de Buenos Aires y otras provincias.

Bullrich respondió de la misma manera en que lo ha hecho cada vez que los gobiernos de derecha le han dado puestos de poder: ordenando una represión que no le envidia nada a los regímenes totalitarios ni a los genocidas de la última dictadura militar argentina, de la que ella y la mayor parte de los mileístas son apologistas furibundos. Además de disparar contra un reportero y arrojar al suelo a una anciana de 87 años, las cinco corporaciones lanzadas contra la población bonaerense asaltaron vehículos de transporte público para detener a toda persona que portara indumentaria de equipos de futbol, arrojaron gases lacrimógenos de manera indiscriminada, realizaron decenas de detenciones arbitrarias, obligaron a niños a autoincriminarse por delitos que no ocurrieron, entre otras violaciones graves a los derechos humanos. En una más de sus exhibiciones de desprecio por la ley y las garantías individuales, Bullrich advirtió que todas las personas que acudieron a la protesta fueron fichadas y serán criminalizadas.

Lejos de recular tras la difusión de imágenes que muestran sin margen de dudas el uso desproporcionado y gratuito de la fuerza pública, la ministra acusó de intentar un golpe de Estado a quienes suplican por un alivio a la miseria que padecen después de toda una vida de trabajo. Ayer, en un discurso frente a los grandes latifundistas que efectivamente son autores de golpes de Estado, descendientes de golpistas y beneficiarios de las dictaduras, Milei agradeció a Bullrich, describió a los manifestantes como hijos de puta, y calificó la represión como una defensa de la República, que equiparó con la defensa de la oligarquía frente a los degenerados que propugnan la justicia social. El mandatario que presume su alineamiento incondicional con el genocida Benjamin Netanyahu como una virtud ratificó que su política represiva es un verdadero terrorismo de Estado, pues su finalidad es acabar con cualquier disidencia e imponer el miedo como disuasión a las expresiones de malestar.

Aunque atroz, la conducta de Milei no resulta sorprendente por cuanto representa las pulsiones autoritarias que nunca ha ocultado. Tampoco sorprende el cierre de filas de Grupo Clarín y La Nación, los grandes conglomerados que controlan la mayoría de los medios argentinos, los cuales llegan a extremos nauseabundos para crear o reproducir la narrativa de la represión como defensa de los ciudadanos de bien frente a hordas de delincuentes; complicidad que los medios globales acompañan con un silencio que corrobora la percepción de que ponen los negocios por encima de cualquier ética.