Integrantes de la asociación de residentes y propietarios de la colonia Irrigación solicitaron a la alcaldía Miguel Hidalgo, que encabeza Mauricio Tabe, informe a los ciudadanos si existe alguna solicitud o procedimiento de concesión en trámite para instalar parquímetros en sus calles.

Durante una protesta en la explanada del inmueble para manifestar su rechazo al sistema de ordenamiento vehicular, exhibieron lonas en las que expresaron: no a la privatización del espacio publico en beneficio de los grandes corporativos que se instalaron en la Irrigación.

Atziri Carranza López, presidenta de la asociación vecinal, señaló que en una carta dirigida al alcalde panista expusieron que de otorgarse la referida concesión sin el consenso vecinal se violarían las disposiciones de orden público e interés general previstas en el artículo primero de la Constitución, que en su primer párrafo establece el respeto a los derechos humanos, como son la libertad de tránsito y la no privatización de bienes del dominio público, como las calles y avenidas.

La también vecina, respaldada por el grupo de residentes que la acompañó, resaltó que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México hace énfasis en el artículo primero de que los actos administrativos tienen como finalidad la satisfacción del interés general, lo cual excluye el otorgamiento de una concesión que los viole o restrinja.

Tras la entrega del documento, una comisión de manifestantes fue recibida por el jefe de oficina de la alcaldía, José Antonio Patiño Pastrana, quien señaló que había una confusión porque de forma categórica el gobierno de la demarcación no tenía previsto instalar esos aparatos.

Los vecinos le preguntaron por el balizamiento que se ha hecho en algunas calles para marcar los cajones para autos, a lo que el funcionario informó que se trataba nada más de señalización vial, de acuerdo con la representante vecinal quien pidió que todo lo que en ese momento se dio a conocer se hiciera por escrito.

Los inconformes exigen que se respete la no instalación de parquímetros y se ratifique la consulta vecinal en la que fue claro el rechazo a la privatización de la vía pública. Hasta el momento, hay mil 50 residentes que se oponen a ese sistema de ordenamiento vehicular, de una lista nominal de 3 mil 40.

Además, exigen que las autoridades respondan las solicitudes, pues este es el segundo documento que presentan ante la autoridad, el cual están obligados a atender, ya que de lo contrario buscarán el amparo de la justicia federal.