La comisión especial del Congreso local para el proceso de selección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México clausuró sus trabajos luego de que hace unos días entregó los expedientes y los listados al Instituto Electoral (IECM), el cual detectó inconsistencias como espacios en blanco o sin datos, así como candidatos postulados por los tres o dos poderes, dedazos y/o nombres incompletos.

El órgano electoral indicó que revisa la lista y supervisa la idoneidad de los aspirantes, además de que recibió declinaciones, por lo que las listas pasaron de 719 a 707 hasta hace dos semanas, aunque la cifra podría ser menor.

El presidente de la comisión, el morenista Alberto Martínez Urincho, consideró que el proceso para la integración de los listados fortalece la confianza pública en el Poder Judicial, en el sistema legal y la rendición de cuentas, además de permitir que los jueces presentaran públicamente sus credenciales académicas y experiencia laboral.

Sin embargo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, recordó que su bancada realizó diversas propuestas que no fueron aceptadas, por lo que calificó de irregular y atropellado el proceso de selección de ternas para la elección del Poder Judicial en el Legislativo local.

Aseguró que desde la conformación del comité hasta la votación de las listas incurrió en repetidas fallas que no generan certeza a la ciudadanía”. Durante la clausura virtual de los trabajos de la comisión, reprochó el desaseo y la falta de claridad en todas y cada una de las fases, por lo que no hay nada que celebrar de cara a los habitantes de la capital.

La tarde de ayer, el IECM y la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio general de coordinación y colaboración en torno a la realización de los comicios para la elección jueces y magistrados del Poder Judicial local 2024-2025 en la Ciudad de México, concurrente con los que hará la Federación.

Es decir, se formalizaron las acciones realizadas desde el inicio que tienen como objetivo garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la gente, además de fomentar la participación de los electores.