Con el voto de Morena y sus aliados, pues la oposición defendió la reforma de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de iniciativas presidenciales que regulan la nueva política energética del país y recuperan para el Estado el control de las inversiones y el mercado de hidrocarburos y electricidad con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En un amplio debate en el que PAN y PRI advirtieron un retroceso hacia el monopolio estatal, la bancada mayoritaria explicó que se mantiene la opción de inversiones de la iniciativa privada, pero sin subordinación a intereses sanguinarios y concesiones lucrativas.

Lista para su publicación

El paquete de ocho leyes nuevas y reformas a otras dos se aprobó en lo general con 332 votos en favor de Morena y 83 de la oposición; y después de que no se admitió ninguna reserva en lo particular, con 270 en favor –debido a que un sector importante de Morena se ausentó– y 93 en contra. El proyecto de decreto se envió al Ejecutivo, para su publicación en el Diario Oficial.

Como parte de la reforma se incluye por primera vez el concepto de justicia energética, se define la prevalencia del Estado frente al sector privado –que continúa con participación controlada de inversiones con ambas empresas públicas– y avanza hacia una estrategia de transición hacia energías limpias.

Asimismo, se incorpora a la Secretaría de Energía una comisión nacional en la materia, como órgano administrativo desconcentrado, que sustituirá a las extintas instancias Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos. Contará con independencia técnica y operativa.

Respecto de la transición energética, tanto Pemex como la CFE deberán elaborar un programa para reducir el impacto ambiental de sus actividades y orientar sus esfuerzos hacia un desempeño más eficiente.

En dicho programa se tiene que procurar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el uso de fuentes de energía renovables y limpias en el desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto.

Al explicar el alcance de la legislación, la vicepresidenta de la cámara, Dolores Padierna (Morena), señaló que no se trata sólo de cambios técnicos o administrativos ni un simple ajuste regulatorio, es el cimiento de una nueva era en la política energética nacional, un giro de 180 grados en la concepción y gestión de los recursos estratégicos que por décadas fue secuestrado por intereses privados.