a incertidumbre generalizada que ha impuesto el gobierno de Trump al mundo, y particularmente a nuestro país, dificulta significativamente la posibilidad de que la planeación de las actividades pueda cumplirse. En esta planeación se establecen metas para las variables macroeconómicas fundamentales y compromisos en los resultados de las finanzas públicas. Se fijan, además, metas sociales relevantes. En una decisión que expresa congruencia política, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha planteado erradicar la pobreza extrema para 2030.
De acuerdo con el Coneval, la población en situación de pobreza en 2022 fue de 46.8 millones de personas, equivalentes a 29.3 por ciento del total. Las personas en condiciones de pobreza extrema ese mismo año fueron 9.1 millones, 7.1 por ciento de la población. Los datos muestran que respecto a 2016 hubo una reducción significativa de la pobreza: en 2016, estaban en pobreza moderada 52.2 millones de personas, 36 por ciento; los pobres extremos apenas mostraron mejora, ya que en 2016 fueron 8.7 millones y su porcentaje en el total fue de 7.2 por ciento.
La meta de eliminar la pobreza extrema es que 9.1 millones de mexicanas y mexicanos eleven sus ingresos de modo que alcancen una pobreza moderada. El Banco Mundial en el Informe de pobreza y equidad en México, presentado antier, concluye que la erradicación de la pobreza a corto y mediano plazos es un desafío de desarrollo significativo, pero al alcance de México
. Se considera que la meta es alcanzable, por ello es urgente que ante el ataque de Trump a nuestro país redefinamos políticas para que podamos avanzar en el cumplimiento de una meta de justicia social extremadamente importante.
El informe del Banco Mundial señala que para erradicar la pobreza son decisivas acciones en tres áreas de política: crecimiento inclusivo, políticas sociales eficaces y eficientes, infraestructura social para enfrentar la vulnerabilidad. Concentrándonos en la primera área, es claro que crecer es indispensable pero no suficiente para reducir la pobreza. Es necesario que el crecimiento sea inclusivo: que sea más rápido para la población más pobre y que cierre o, por lo menos, reduzca las brechas en participación económica y productividad.
Crecimiento que tiene que medirse en términos per cápita. Si se lograra que este indicador creciera 2 por ciento para todos los grupos de ingreso entre 2025 y 2030 la tasa de pobreza se ubicaría en 15.4 por ciento en 2030, desde el 29.3 de 2022. Si se creciera a 3 por ciento, la tasa de pobreza sería de 13.4 por ciento de la población total. Si además del crecimiento del PIB per cápita hubiera reducciones de la desigualdad, medidas por una disminución del coeficiente de Gini de uno por ciento anual, entonces la tasa de pobreza se reduciría a 9.8 por ciento en 2030. Si el Gini se redujese 2 por ciento, la tasa de pobreza sería de 4.3 por ciento. Una situación de esta naturaleza constituiría un logro histórico.
Conseguir esto es, por supuesto, complicado. Pero se complica más si reconocemos que el entorno es muy desfavorable. Las decisiones del gobierno de Trump afectarán significativamente a nuestra economía y, por ello, crecer y hacerlo de manera inclusiva será muy difícil. Para este 2025, por ejemplo, la meta oficial de crecimiento del PIB fue de 2.5 por ciento, lo que con la estimación de la tasa de crecimiento poblacional de 0.8 por ciento indicaría un incremento del PIB per cápita de 1.7 por ciento, cercano al 2 por ciento requerido por el Banco Mundial. El Banco de México estimó hace unas semanas que el crecimiento del PIB sería de 0.6 por ciento. De cumplirse esta estimación, el incremento del PIB per cápita sería de -0.2 por ciento. No sólo no crecería, sino se reduciría.
Para los siguientes años el panorama no parece mejorar. La meta gubernamental de crecimiento del PIB para 2026-2030 de 2.5 por ciento será difícil de alcanzar. Consecuentemente el crecimiento de 2 por ciento anual no se logrará, de modo que las metas de reducción de la pobreza parecen alejarse irremediablemente. La noción de crecimiento inclusivo concibe que es necesario actuar para redistribuir el crecimiento. Por ello, es indispensable que el gobierno plantee acciones para que la reducción de la tasa de crecimiento no afecte a los pobres y a los muy pobres.
En un artículo reciente Gabriel Zucman (Project Syndicate, 28/2/25) se pregunta que debían hacer México y Canadá para responder a los aranceles que impondrá el gobierno de Trump. Reconociendo que el talón de Aquiles de Trump es su oligarquía altamente internacionalizada, propone que la contramedida sea aranceles para los oligarcas. Un impuesto de este tipo desplaza el conflicto económico de una guerra entre países a otra entre consumidores y oligarcas. Imponer impuestos a los oligarcas aliados de Trump permitiría compensar las eventuales pérdidas que se provocarían con el castigo arancelario estadunidense, destinándolos a los sectores más pobres de la población.
