En México, el Poder Judicial tiene una gran deuda con las mujeres. Muchas de las determinaciones de las y los jueces no sólo no contribuyen a que las víctimas de violencias machistas obtengan justicia, sino que –por el contrario– abonan a que sean revictimizadas, culpadas y hasta encarceladas, asegura Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien advirtió que esto debe parar.

En vísperas del primer Día Internacional de la Mujer (8M) en que en el máximo cargo del país está ocupado por una mujer, dice a La Jornada que se hace un llamado respetuoso al Poder Judicial a que acompañe este tiempo de mujeres, porque muchos de los casos que hemos visto en los últimos meses nos hacen pensar y sostener que el Poder Judicial tiene una gran deuda con las mujeres.

Acota que sin duda para garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias de todas, es fundamental contar con mejores (agentes del) Ministerio Público, mejores jueces y juezas y con una procuración de justicia efectiva. Ahí creemos que hay una deuda histórica con las mujeres.

La dependencia ha conocido alrededor de 600 casos de mujeres que no obtienen justicia, relativos a violencia familiar, vicaria y digital y con feminicidios, entre otros.

La primera titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que surgió en este sexenio, expone que en el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se están tomando las medidas legales y de política pública pertinentes para cambiar la realidad femenina en el país y advierte que las trabas y dificultades están del lado de la procuración de justicia para las mujeres.

Hay muchos avances en materia de política pública y en leyes. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó reformas constitucionales que presentó al inicio de su gobierno a favor de la igualdad sutantiva, la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia.

Lo que sucede con el Poder Judicial amerita un diálogo respetuoso, pero que intenta ser muy firme en cuanto a la obligación que tienen las y los juzgadores de no salirse por la tangente y de apelar a argumentos leguleyos, pues su obligación es ejercer la ley en el sentido máximo de no provocar impunidad y de garantizar justicia para una mujer en cualquier tipo de violencia.

Justamente en la búsqueda de erradicar la violencia institucional y para que haya reparación integral del daño a víctimas de las violencias de género, signó un convenio marco de colaboración para fortalecer la procuración de justicia con perspectiva de género con el fiscal general de justicia de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández. La expectativa es que más entidades firmen el acuerdo.

Luego de asegurar que, como cada 8M, acudirá a la manifestación, puntualizó que estaremos ahí varias compañeras de la Secretaría de las Mujeres. Vamos a acompañar la marcha porque el 8 de marzo es un día de de reivindicación de su lucha, sobre todo de las trabajadoras.

La secretaria explica que en esta doble cachucha que permitimos ponernos (de feminista y funcionaria) saldremos también a las calles a acompañar las distintas expresiones.

Remarca que como parte del gobierno tenemos también ahora la obligación de escuchar todas esas voces, construir agendas, poner en marcha acciones en lo que nos toca y tocar puertas en el marco del diálogo y del respeto con otros poderes y otros órganos de gobierno, para que la situación de las mujeres cambie, e insisto, sobre todo en materia de derechos y de acceso a la justicia.