Cuernavaca, Mor., Por ejercicio abusivo de funciones, Cristina Faesler, quien fue secretaria de Cultura en la administración del perredista Graco Ramírez (2012-2018), fue vinculada a proceso, informó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la entidad. Además, se le prohibió salir del país y no acercarse a los testigos de la investigación, así como acudir cada mes a la unidad de medidas cautelares a firmar.

La fiscalía explicó que la indiciada no vigiló el cumplimiento de dos convenios celebrados para la rehabilitación del Jardín Borda, proyecto impulsado por la propia Secretaría de Cultura.

Según con la carpeta de investigación FECC/25/2019, el 23 de septiembre de 2016, Faesler firmó un acuerdo con la Secretaría de Cultura federal para rehabilitar dicho jardín ubicado en Cuernavaca.

En el convenio se estipuló que seria una aportación bipartita: la mitad del costo de la obra lo cubriría el apoyo a la infraestructura cultural de los estados y el resto Cultura de Morelos, explicaron.

Para concretar dicho trato, en 2017, Faesler suscribió otro convenio con el fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo para asegurar la obtención de los recursos.

En el último documento se recalcaba que los recursos sólo debían destinarse a los gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto aprobado. Se estableció que los fondos serían depositados en la cuenta 70118083468 de Banamex, que administraba la Secretaría de Hacienda, a través de la Tesorería del gobierno de Morelos.

En 2017, en esa cuenta, según la fiscalía, se recibieron 5 millones 2 mil 265 pesos; sin embargo el 2 de enero de 2018 los ex funcionarios Jorge N, ex secretario de Hacienda, y Armando N, ex tesorero, al parecer transfirieron 5 millones de pesos a una cuenta concentradora usada para diversos pagos, sin que se determinara el destino final del dinero. Como resultado, los recursos no se usaron para el proyecto de rehabilitación y éste nunca se llevó a cabo, recalcó el órgano.

La audiencia de imputación fue el 20 de febrero contra los tres funcionarios mencionados, pero dos hombres de área de finanzas acusados de distracción de esos recursos, pidieron al juez un plazo de 144 horas para que se celebre la audiencia de vinculación en su contra. Sin embargo, Cristina renunció a ese plazo y según las pruebas documentales presentadas, la fiscalía logró que el impartidor la vinculara a proceso.