onald Trump ha decidido gobernar como autócrata sin importar las consecuencias que sus decisiones tengan para la democracia, la estabilidad y la convivencia civilizada en Estados Unidos, y por extensión en otros países. Su intención de gobernar mediante decretos, algunos ostensiblemente violatorios de su Constitución, han merecido sendas llamadas de atención por parte de diversos jueces federales. Lo han exhortado a que respete el marco constitucional y detenga su destructiva y esquizofrénica carrera que socava las bases sobre la que se ha construido la nación.
La duda que se plantean académicos y analistas políticos es hasta qué punto el presidente acatará los fallos de los jueces o procederá con su arbitrario proceder y, en tal caso, cuál o cuáles pudieran ser las consecuencias. El debate se ha centrado en la posibilidad de una crisis constitucional aunque no parece haber un consenso en torno al tema. La interpretación más general es la que se deriva de una orden del Ejecutivo que contradice al Legislativo. Si el presidente insiste en su intención de ejecutarla, entraría en un franco desacuerdo con los legisladores, probablemente la Suprema Corte tendría que resolver el diferendo. Es lo que aparentemente Trump pretende provocar, a sabiendas de que en la Suprema Corte tiene mayoría y la decisión que emitirá le sería favorable. Lo que en último término importa es que, de seguir por ese camino, Trump habrá logrado romper con la esencia de la división de poderes y con la democracia como hasta hoy se conoce en Estados Unidos. Por lo pronto, un grupo de siete jueces que se ha opuesto a los dictados de Trump amenaza con renunciar ya que no están dispuestos a pertenecer a una institución que les exige violar los preceptos más elementales de la ética jurídica.
Tampoco se puede perder de vista que, sin recato alguno, Trump ha decidido poner en claro ante la sociedad estadunidense quiénes son los verdaderos gobernantes del país: un puñado de multimillonarios que lo harán en beneficio de él, su familia y de ellos mismos. Se estima que la riqueza combinada de quienes lo acompañarán en su administración sobrepasa los 14 billones de dólares. Entre ellos: Scott Bassent, quien ha acumulado su riqueza especulando en Wall Street, será el secretario del Tesoro; Howar Lutnick, director de varias compañías financieras y de bienes raíces, ocupará la Secretaría de Comercio; Linda McMahon, fundadora y copropietaria de la mayor empresa promotora de lucha libre, será secretaria de Educación. El extremo es Elon Musk, cuyo nombramiento como responsable de la eficiencia gubernamental no estuvo sujeto a la aprobación del Congreso, cuya fortuna sobrepasa los 450 billones, y que por lo pronto ya ordenó el despido de 200 mil servidores públicos ( Forbes y NY Magazine). La falta de oficio y coherencia en las labores que desempeñarán los colaboradores de Trump ya se ha puesto en evidencia. Un ejemplo es la sorpresa que varios mandatarios europeos se llevaron cuando, en su gira por Europa, el vicepresidente JD Vance les recomendó que debían apoyar a los partidos ultraderechistas y abiertamente fascistas, sin reparar que fueron responsables de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Por su parte, el entrante secretario de la Defensa mencionó la posibilidad de que EU abandonara la causa de Ucrania cuando apenas hace una semana Trump mencionó que terminaría la guerra entre esa nación y Rusia. La pregunta que se hacen los interesados en las adversidades políticas de EU es cuánto más y a qué velocidad Trump ocasionará un costoso rompimiento con sus aliados en buena parte del mundo.
Con pesadumbre y sorpresa se advierte que, a pesar de la forma caótica con la que Trump ha gobernado durante sólo un mes, no parece haber perdido el apoyo de los millones que votaron por él. Una explicación puede ser que la velocidad con la que Trump perpetra sus arbitrarias decisiones no permite que la sociedad alcance a entenderlas y reaccione para juzgarlas ni comprenda la magnitud del peligro en que vive.
