La tarea de instalar 84 mil 222 mesas de casilla seccionales para la elección judicial del 1º de junio costará 2 mil 701 millones de pesos, casi un tercio del costo total de estos comicios extraordinarios, de acuerdo con los ajustes aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El recorte aplicado por la Cámara de Diputados a este órgano impactó en la perspectiva de operación de mesas receptoras del voto, al bajarlas prácticamente a la mitad, comparado con las casillas instaladas en la elección federal del año pasado.

Luego, gracias a una ampliación presupuestal de 800 millones de pesos –comprometida por la presidenta Claudia Sheinbaum– el INE pudo abonar 10 mil 372 casillas más para esta elección histórica.

Sin embargo, la extensión implica la contratación de 441 supervisores y 2 mil 764 capacitadores, esto es, 3 mil 205 personas que se sumarán a las tareas de ubicar y preparar a los ciudadanos, potenciales funcionarios de casilla.

Para hacer posible el ajuste anterior, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó ayer un presupuesto adicional de 359.5 millones a esta área, es decir, tan sólo en esta contratación se iría 45 por ciento de los 800 millones que lograron los consejeros en reunión con Sheinbaum.

La mayor parte del recurso se empleará en pagar a los capacitadores y supervisores, además de cubrir gastos de campo, servicios de comunicación (voz y datos), materiales didácticos y prendas de identificación.

Debido al recorte, los organizadores de la elección optaron por avanzar con otro modelo de mesas; así, hasta el momento se determinó instalar 83 mil 997 casillas seccionales únicas y 225 casillas especiales (para electores en tránsito).

Conflicto de intereses

En otro punto de la sesión de la junta fueron ratificados criterios para rechazar los alegatos de una ex trabajadora de la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, despedida por faltas al estatuto del Servicio Profesional Electoral. La persona era trabajadora del INE y a la vez socia y apoderada de una empresa consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD.

En consecuencia, se propone confirmar la resolución controvertida, dijo Yessica Alarcón, directora de Prerrogativas.