De aprobarse el recorte de 34 por ciento al presupuesto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, México podría ser cuestionado en la próxima revisión del T-MEC, dado que nuestro país asumió el compromiso de dotar de recursos suficientes al nuevo sistema de justicia laboral, para garantizar la democracia sindical, la negociación colectiva y la mejora en los salarios, señalaron especialistas.

Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que no existe ninguna justificación para reducir los recursos de esta institución que es el corazón de la reforma laboral de 2019, por lo que –dijo– el gobierno federal debe reconsiderar la asignación del presupuesto en materia de trabajo para 2025, tanto por los compromisos con los trabajadores mexicanos como por los contraídos en el acuerdo comercial.

Ya tenemos una agenda complicada en la renegociación; no es justo ni para el país ni para los socios comerciales que sufran una reducción estas instancias que son fundamentales para el cumplimiento de los compromisos que están en el capítulo 23 y en los anexos del 31-A y el 31-B del T-MEC, relacionados en materia laboral y con los procesos de democracia sindical.

El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación prevé para 2025 una asignación de 447 millones de pesos a este Centro de Conciliación, una cifra menor a los 663 millones 344 mil pesos que se canalizaron en 2024.

La académica indicó que la baja en el presupuesto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pondría en riesgo la inspección laboral en el país, ya que se prevé un recorte de 13 por ciento en términos reales y que a pesar de que ha tenido insuficientes recursos en años anteriores, esta área ha hecho una labor extraordinaria en vigilar las condiciones en centros de trabajo.

Bensusán insistió en que deben garantizarse los recursos suficientes a las instancias responsables de impulsar y aplicar la legislación, es decir a la STPS, al Centro Federal Laboral y sus organismos de conciliación locales, así como a los tribunales laborales.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, opinó que preocupa que el gobierno proyecte una reducción a la institución, ya que aún estamos muy lejos de que haya democracia sindical.