En sesión privada del jueves pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que los ministros que presentaron su renuncia y declinaron participar en la elección por voto popular recibirán un haber de retiro calculado con base en su salario de este año y no con el que corresponderá a 2025 y al que se recortaron algunas prestaciones significativas, como el pago de riesgos, lo que significa que recibirían 12.8 por ciento menos recursos, informó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Documentos de la SCJN refieren que en este 2024, cada ministro tiene asignado un sueldo tabular de 297 mil 403 pesos, y según el proyecto –del cual posee copia La Jornada– presentado por el secretario general de acuerdos del máximo tribunal, Rafael Coello Cetina, aprobado por el pleno, cada ministro recibirá al mes como pensión un porcentaje equivalente al tiempo que lleve en el cargo. Así, el ministro Jorge Mario Pardo recibirá 96 por ciento; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, 85 por ciento; Javier Laynez y Norma Lucía Piña, 64.83; Juan Luis González Alcántara, 44.65, y Ana Margarita Ríos Farjat, 38.26.

El acuerdo para el retiro de los ministros que no participarán en el proceso define que el haber de cada uno de los siete que renunciaron (ya que Luis María Aguilar concluye su periodo el próximo 30 de noviembre) actualmente se compone de sueldo base, aguinaldo, seguro de vida y de gastos médicos mayores, pago por riesgo, prima vacacional, contar con tres servidores públicos encomendados a cada uno, rembolso por compra de medicamentos y opción de compra de los vehículos que tenía asignados. Este año, estos conceptos tienen un costo mensual de 389 mil 265 pesos, según registros financieros de la Corte.

Asimismo, se rechazó que el haber se entregara íntegro, sin respetar lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que señala que debe ser de 100 por ciento durante los primeros dos años inmediatos a la fecha del retiro, pero luego se reducirá a 80 por ciento.

La decisión fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de Batres Guadarrama, quien, de acuerdo con funcionarios judiciales, cuestionó la celeridad dada a este trámite.