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Reconsiderar, piden comisionados del INAI a legisladores
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de noviembre de 2024, p. 4

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lamentó anoche la aprobación en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional que desaparece a este organismo autónomo y reasigna sus funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado.

Las comisionadas y el presidente del INAI hicieron un llamado a los legisladores a reconsiderar la enmienda, pues afirmaron que implica una regresión para la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, así como de los controles democráticos.

Sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI. Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todos.

Subrayaron que la enmienda también extingue el Sistema Nacional de Transparencia, que, dijeron, es indispensable para homologar a escala nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. “El sistema contribuye sustancialmente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el pleno del INAI hace un llamado a los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estas garantías fundamentales; asimismo, manifiesta su disposición a seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los mismos, añadieron.

Más temprano, el titular del instituto, Adrián Alcalá Méndez, aseguró en un foro que aún hay tiempo para reflexionar y llamó a los legisladores a considerar el modelo de garantía que el Estado mexicano debe brindar para proteger los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.