yer se instaló en el Instituto Nacional Electoral (INE) la comisión temporal que se encargará de organizar el proceso extraordinario para la elección de una parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. En los discursos del caso hubo voluntarismo respecto al cumplimiento de las metas fijadas: será difícil, habrá complicaciones, es un gran reto, dijeron algunos consejeros, pero a fin de cuentas se lograrían los objetivos deseados. No se habló de fechas, pero sí de mucho entusiasmo.

Ayer mismo circuló la información relacionada con la solicitud formal de ese instituto para que la elección de juzgadores no se realice el primero de junio del año venidero, sino 90 días después. Se argumenta que hubo dos meses virtualmente perdidos en el proceso de organización, a causa de los disensos judiciales sustancialmente definidos en una votación que contó con la extraña voltereta del ministro Alberto Pérez Dayán, pero que, en términos jurídicos, aún tienen resoluciones por producirse (así sean para que la Corte termine de confirmar la viabilidad de la citada reforma).

Otro punto aducido habla de los naturales problemas que implica la consecución del personal necesario para una elección tan novedosa como complicada y, desde luego, la consecuente capacitación. Otro factor, que no siempre es expresado de manera explícita, es el relacionado con la violencia ejercida por bandas del crimen organizado; violencia que en el pasado proceso federal tuvo marcada presencia e incluso inhibición de participantes en la estructura electoral y candidaturas vetadas.

Tampoco se habla de las dificultades presupuestales y de política económica que rodean el gran logro político de aprobar la mencionada reforma judicial. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se reunió también ayer con el jefe político de San Lázaro, Ricardo Monreal, para acordar la revisión, rubro por rubro, del plan de trabajo presentado por los consejeros electorales, el cual implica una alta erogación que se pretende reducir (aunque en el ámbito del INE se considera que con menos disponibilidad de recursos será más difícil garantizar el éxito del proceso).

Otro ángulo se refiere a las perspectivas de una baja participación, argumento que enarbolan los opositores a dicha elección, en medio de escaramuzas declarativas respecto al número de juzgadores que han declinado competir y al de los que han expresado voluntad de someterse a las urnas.

Hay, además, una especie de elefante en la sala. El proceso de aprobación legislativa, y luego en la Corte, de la reforma judicial, ha estado rodeada de amagos por parte de fuerzas económicas, nacionales y extranjeras que, se alega, se sentirían desalentadas por el presunto dominio partidista de una nueva estructura judicial.

Voces opositoras, que se han cansado de anunciar catástrofes durante el obradorismo, nunca confirmadas por la realidad, reinciden ahora, augurando crisis diversas que los grandes capitales tomarían en represalia por la citada reforma, la desaparición de organismos reguladores autónomos y otras decisiones derivadas del amplio poder transformador que Morena y sus aliados recibieron de las urnas en junio pasado.

En ese contexto multifactorial, podría ser positivo darse más tiempo para organizar con el menor rango de error la elección tan trascendente de juzgadores, a riesgo de que los ánimos votantes, que tampoco son tan encendidos, lleguen un tanto desalentados e incluso que los factores de poder opuestos a las reformas AMLO-Claudistas puedan ir negociando, atemperando, no la realización del proceso en sí, sino los resultados prácticos.

Y, mientras, por no haberle dado registro a su partido familiar (México Libre), Felipe Calderón echa bronca a Lorenzo Córdova, quien le revira, al igual que Ciro Murayama, ¡hasta mañana, con Marko Cortés ofreciendo una diputación en 2024 a Xóchitl Gálvez para que no haga el minipartido que dice estar puesta a organizar!

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