La tortura subsiste en México con alto nivel de impunidad, ya que mientras en 2023 se abrieron 4 mil 592 carpetas de investigación por este delito, apenas se lograron nueve sentencias, ocho de ellas condenatorias y una absolutoria, afirmó el Observatorio contra la Tortura, integrado por diversas organizaciones.

Al presentar un informe en la materia, Ángel Ferrer, de Documenta, reconoció que el número de carpetas ha disminuido en comparación con 2022, cuando sumaron 6 mil 211, aunque son más que las 5 mil 594 de 2021. Sin embargo, enfatizó que se advierte mayor estancamiento en las indagatorias y, por ende, en los casos judicializados.

En 2022 se presentaron ante un juez 82 casos de tortura que eran investigados; en 2023 se redujeron drásticamente y únicamente se presentaron 18, puntualizó. Lo anterior, explicó, responde a que se quedan en las fiscalías, las cuales generalmente los mantienen abiertos durante largos periodos de tiempo, a veces años e incluso décadas, o deciden no presentarlos ante un juez o archivan la investigación en espera de que se conozcan nuevos datos de prueba.

En el documento, a cargo también de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el de Justicia para la Paz y el Desarrollo, elaborado con información obtenida mediante solicitudes de información, el observatorio expuso que a pesar de que la denuncia es la manera principal de abrir las investigaciones penales, en este delito sólo 10.4 por ciento comenzaron así. La mayoría se inició por vista judicial.

Las víctimas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registradas por las fiscalías en 2023 sumaron 5 mil 786, de las cuales 79.65 por ciento son hombres, 14.94 por ciento son mujeres y 5.39, sin sexo identificado. Más de 44 por ciento de los perpetradores de tortura era personal de las fiscalías estatales, así como de seguridad pública de los estados y municipios.