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CNBP debe aclarar recursos de más de $246 mil por el pago a 6 servidores públicos
 
Periódico La Jornada
Domingo 3 de noviembre de 2024, p. 5

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el ejercicio de recursos públicos a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), donde quedó pendiente por aclarar recursos por más de 246 mil pesos correspondientes al pago de cinco servidores públicos eventuales y uno permanente, de quienes no se acreditó su asistencia a laborar mediante listas o se justificó su falta.

De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, la CNBP –que encabeza Teresa Reyes Sahagún– erogó un millón 136 mil pesos para viáticos nacionales para 157 servidores públicos que realizaron trabajo de búsqueda de personas en diferentes estados del país, además de 367 mil pesos por el mismo concepto para realizar ocho comisiones en el extranjero.

Dichas erogaciones se sustentaron en la documentación comprobatoria correspondiente, indicó la ASF.

Sin embargo, de las comisiones en el extranjero, los servidores públicos asignados a los que se les pagaron 189 mil pesos no proporcionaron los informes de comisión correspondientes, en incumplimiento de la normativa.

Sin acreditar, renta de autos

Como parte de la revisión de cinco contratos y cuatro convenios por la prestación de servicios de maquinaria para el uso y desarrollo de acciones de búsqueda en campo, de arrendamiento de transporte vehicular terrestre y de logística, el organismo fiscalizador detectó que la Comisión Nacional de Búsqueda no acreditó el uso del parque vehicular arrendado conforme a las actividades sustantivas relacionadas con la localización de personas desaparecidas.

No obstante, aclaró, el área competente implementó el uso de bitácoras para el registro del nombre y cargo del servidor público que utilice los vehículos.

Entre las anomalías encontradas, la auditoría acreditó que en un contrato por concepto de arrendamiento de transporte vehicular terrestre, la CNBP no supervisó que prevaleciera lo establecido en la convocatoria a la licitación pública, ya que se comprobó que existía discrepancia con lo referido en el anexo técnico del contrato.