Senadores de Morena insistieron en que los más de 500 amparos en trámite contra la reforma judicial deben ser sobreseídos, al igual que los recursos de inconstitucionalidad, como el que la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende discutir el próximo martes.

Los presidentes de las comisiones Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, Saúl Monreal y Óscar Cantón Zetina, respectivamente, advirtieron que si la SCJN sigue adelante y lleva a cabo la sesión del día 5, estará violando flagrantemente la Constitución y podrá ser objeto de sanciones.

El artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no procede ese recurso en caso de reformas constitucionales, y menos ahora que nuestra ley suprema fue blindada con esa enmienda a los artículos 105 y 107 constitucionales, advirtió Monreal.

Sostuvo que la Corte está obligada a rechazar la discusión de la ponencia elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara, porque ya no se lo permite la reforma en vigor, que refrenda la “supremacía e ininpugnabilidad de la Constitución.

También, agregó, se deben desechar los más de 500 amparos a los que jueces han dado entrada para echar abajo la reforma judicial, incluso antes de que se promulgara, el pasado 15 de septiembre.

Respecto al argumento de la oposición de que sí puede resolver la Corte las acciones de inconstitucionalidad el próximo martes, ya que ninguna ley tiene efectos retroactivos, Monreal advirtió que no es así.

Aludió al artículo segundo transitorio de la reforma que impide controvertir e impugnar cambios constitucionales, en el que se establece que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en esa enmienda.

No hay retroactividad, dijo, porque ni los más de 500 amparos ni la acción de inconstitucionalidad se han resuelto. Están en trámite y deben ser sobreseídos, es decir desechados.

Igualmente, Cantón Zetina, consideró que la Corte no puede contravenir principios constitucionales y debe recordar que todos los recursos jurídicos con que pretenden echar abajo la reforma judicial están en trámite.