El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó ayer que será hasta el martes 5 de noviembre cuando discutan el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual invalida los puntos torales de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), vigente desde el pasado 16 de septiembre.

El proyecto propondrá depurar varios artículos de la reforma judicial, principalmente anular la elección popular de jueces y magistrados, pero a la par dar luz verde a las elecciones por la misma vía de los integrantes del pleno de la Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Judicatura.

El pasado lunes trascendió que el proyecto se discutiría en la sesión pública del próximo jueves, pero ayer, en sesión privada, el pleno programó la fecha hasta el martes, ya que los ministros continúan al momento con la discusión del comité de evaluación del PJF, que participará en la elección de candidatos a jueces, ministros y magistrados.

El proyecto del ministro resuelve las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRI, PAN y MC, pero desecha las del Partido Unidad Democrática de Coahuila y de legisladores de Zacatecas. En este, también se propone invalidar de la enmienda la figura de jueces sin rostro, entre otras en materia de amparo.

Atención prioritaria

El presidente del Senado de la República, el morenista Gerardo Fernández Noroña, pidió a la Corte dar atención prioritaria a resolver las cinco acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional en contra de la reforma judicial, admitidas por el ministro González Alcántara.

La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, declaró fundada la solicitud y dio al ministro ponente un plazo de cinco días, a partir de ser notificado, para que presente un informe del estado procesal que guardan los requerimientos.

Mismo plazo se da al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que informe a la Corte qué asuntos se encuentran radicados en los tribunales de circuito, tribunales de apelación y juzgados de distrito, relacionados al decreto impugnado.