e lo perdido, lo que aparezca, gritan a coro ocho mañosos, golosos y mafiosos ministros para garantizar su multimillonario retiro, con su respectiva pensión dorada de carácter vitalicio. Renuncian, sí, pero a someterse a un proceso de elección popular, no al hueso, el cual –si no se presenta algún inconveniente– mantendrán hasta el último día de agosto del próximo año. Ello, desde luego, si el Senado de la República aprueba sus respectivas dimisiones, algo que podría no ocurrir, de tal suerte que los integrantes de la pandilla se irían en blanco.

El ministro calderonista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primero en enviar su renuncia (que surtirá efecto el 31 de agosto de 2025, aunque el plazo para presentarla vence hoy) al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y en su misiva a Gerardo Fernández Noroña subraya que me enfrento a una reforma constitucional (en realidad ya forma parte de la Constitución) que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular (¡ni Dios lo quiera!) o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. De cualquier suerte, amarrado el dinero, asegura que esto no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma.

Siete ministros más harán lo propio, pero en castellano simple quiere decir que renuncian con la fecha citada sólo para garantizar sus multimillonarios retiros y pensiones vitalicias, pero ejercerán el cargo hasta el 31 de agosto de 2025. Por cierto, el jocoso Gutiérrez Ortiz Mena (el mismo que días atrás se apersonó en la Universidad de Harvard para contar chistes) dimite poco más de dos años antes de concluir su cargo –cortesía de Felipe Calderón– en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él tendría que hacer maletas el 2 de diciembre de 2027, pero optó por acortar los tiempos y así garantizar su placentero futuro económico a costillas del erario (retiro y pensión vitalicia).

Para ellos, el riesgo es que el Senado de la República no acepte las renuncias, de tal forma que quedarían como el perro de las dos tortas: sin hueso, haberes de retiro ni pensión. Entonces, obvio es que dimiten no por dignidad (ésa no la conocen), sino para amarrar, una vez sin chamba en la SCJN, el privilegiado futuro que les garantiza el Poder Judicial (hasta el 31 de agosto de 2025).

▲ El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia –la cual se hará efectiva el 31 de agosto de 2025– y reconoció que no es un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. A confesión de parte...Foto La Jornada

El protagonizado por los ministros renunciantes no es más que circo, maroma y teatro, con muchos signos de pesos. Lo planteó la presidenta Sheinbaum: ¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución; es que si la presentan ahora se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no la presentan ahora, entonces ya no tendrían los haberes de retiro (todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte), que es un montón de dinero; es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes (además, pensión dorada).

Así es: los ministros renunciantes decidieron llenar las alforjas y garantizar su tranquilidad económica futura, por mucho que a la mayoría de ellos les restan varios años para concluir su estancia en la SCJN. No es el caso de Luis María Aguilar Morales –mago en eso de desaparecer carpetas que comprometan a Ricardo Salinas Pliego y otros tantos barones–, porque sólo le queda poco más de un mes para retirarse, lo que deberá hacer el próximo primero de diciembre.

En cambio, a la impresentable Norma Piña le restarían seis años; al propio Gutiérrez Ortiz Mena, poco más de dos; al manos de tijera Juan Luis González Alcántara Carrancá, nueve; a la conversa Ana Margarita Ríos Farjat, 10; a Javier Laynez Potisek, seis; a Jorge Mario Pardo Rebolledo, dos, y Alberto Pérez Dayán, tres. Pero el bolsillo es primero.

Por cierto, la ministra Lenia Batres –ella no renuncia– hizo un balance sobre el daño económico causado por 70 días de paro laboral en juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación: más de 13 mil 217 millones de pesos (a razón promedio de casi 189 millones cada 24 horas), un monto similar al presupuesto 2024 aprobado por la Cámara de Diputados y destinado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Las rebanadas del pastel

¿Qué bicho le picó a Lula como para boicotear el ingreso de Venezuela al BRICS+? Se puede esperar tal comportamiento de muchos gobiernos arrodillados frente a Estados Unidos, pero del Brasil democrático y progresista, ni por aproximación. Entonces, ¿qué le sucedió?

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