Diputados de todas las bancadas del Congreso de la Ciudad de México, incluida la legisladora Daniela Álvarez, del PAN, condenaron las declaraciones de la ultraderechista América Rangel, quien aseguró que el caso de la niña Esmeralda, de 14 años, acusada de homicidio en Querétaro, se trató de un asesinato y no de un aborto espontáneo.

El pleno del Poder Legislativo capitalino rechazó el minuto de silencio por el bebé que pidió Rangel, luego de que representantes de todas las bancadas la acusaron de criminalizar a la víctima que fue abusada sexualmente.

La panista argumentó que su postura se basó exclusivamente en defensa del bebé; sin embargo, en su discurso hizo referencia a la investigación de la fiscalía de Querétaro, por lo que acusó que “el bebé nació vivo y lo estrangularon (…), es un bebé que murió injustamente”.

Tras sus declaraciones, Xóchitl Bravo, líder de Morena, señaló que la postura de la panista es no tener madre, al no considerar los derechos de la niña menor de edad.

Así también lo dijo la panista Daniela Álvarez, quien mencionó que la justicia que se debe exigir es por Esmeralda, y llamó a no hacer un pronunciamiento irresponsable e irrespetuoso.

Al respecto, la presidenta del Congreso, Martha Ávila, llamó a no criminalizar a una joven menor de edad por circunstancias estructurales que oprimen a las mujeres y, en particular, a las niñas.

Asimismo, exigió a las autoridades de Querétaro ceñirse a una investigación con perspectiva de género, con un enfoque que haga valer el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

También requirió que en dicha entidad se adopten todas las medidas necesarias para que las mujeres y las niñas sean protegidas cabalmente en su desarrollo, en sus derechos, en sus libertades y que nunca más se repita un hecho como éste.

No podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, que se revictimice a esta niña y que ahora pretendan violentarla con toda la fuerza del Estado, cuando claramente ella es una víctima de un violador, de la violencia machista, del entramado institucional y de leyes opresivas y desventajosas para las mujeres que claramente violan la Constitución en el estado de Querétaro, concluyó Ávila.

Por otra parte, el Congreso solicitó a la Corte información sobre la acusación de abuso sexual en contra de Ricardo N, trabajador del máximo órgano de justicia del país. Además, se exhortó a la Fiscalía General de Justicia local, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a proporcionar un acompañamiento institucional a la víctima del posible delito de abuso sexual.