Viernes 25 de octubre de 2024, p. 18
La International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió al Congreso de la Unión no apresurarse para aprobar la iniciativa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que los repartidores y conductores de plataformas digitales cuenten con seguro social, pues los cambios pueden implicar aumento de costos para los negocios y afectar los ingresos de los trabajadores.
Luego de que la actual administración presentó un proyecto para agregar un nuevo capítulo a la Ley Federal de Trabajo (LFT) a fin de regularizar y reconocer los derechos laborales de 658 mil trabajadores y trabajadoras de aplicaciones digitales a nivel nacional, el capítulo mexicano del organismo que representa a más de 45 millones de empresas en más de 170 países solicitó que se discuta cualquier cambio con todos los actores involucrados.
Si bien la ICC señaló que comparte el propósito de otorgar seguridad social a los conductores y repartidores de aplicaciones como Uber, Didi y Rappi, también propuso analizar todas las perspectivas, incluida la económica
, pues de esa forma se asegura que todos los actores participen en el debate.
La implementación de esta reforma podría limitar la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos, por lo cual se propone considerar detenidamente los diferentes enfoques que para regular la relación entre plataformas y trabajadores han adoptado otros países
, dijo la ICC México.
Consideró que la propuesta podría afectar de manera importante al sector restaurantero y a las micro, pequeñas y medianas empresas, que han prosperado gracias a estos servicios.
Un aumento de los costos de las plataformas podría traducirse en una disminución de ventas de 30 por ciento para estos negocios, afectando la economía local y la generación de empleo
, indicó.
Regular este modelo bajo un esquema tradicional podría resultar en la pérdida de empleos, como resultado de una contracción del tamaño del sector
, advirtió.
Indicó que en España se redujeron las fuentes de ingresos para miles de personas repartidoras. En contraste, California y Chile han combinado independencia y acceso a la seguridad social.