elincuentes se hicieron nombrar políticos y llamaron persecución política a la persecución del delito. Intentaron resguardarse en cargos mal habidos para, tras violar la justicia, evadirla y distraer la atención al pretender confundir diligencias legales con revanchas políticas. El que un delincuente sea político no lo exime de su responsabilidad legal, ni es atenuante, incluso tendría que ser agravante.

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón al tiempo que operaba para el cártel de Sinaloa. Felipe Calderón declaró una llamada guerra contra el narco para intentar legitimarse en un poder que democráticamente no le correspondió. No combatió al narco, sino, coludido con unos narcos, enfrentó a otros, aquellos antagónicos del grupo criminal con el que se alió. Provocó un baño de sangre, causando cientos de miles de muertes y una descomposición social cuyos estragos dejaron heridas profundas y pérdidas irreparables.

No sabía, dice el ex presidente que, haiga sido como haiga sido, fue jefe de un narcoestado y asegura desconocer los nexos de su hombre de confianza con la delincuencia. Resulta cínico pretender engañar a la opinión pública con un deslinde tan absurdo; García Luna no nació con Calderón, se encumbra durante su sexenio, pero en 2006 ya traía consigo un largo historial de colusiones, engaños, montajes y torturas. ¿Acaso el entonces presidente de México no acudió a los mínimos exámenes de confianza para acreditar la viabilidad de su elegido en la estrategia de seguridad?, ¿no contaba con asesores que le observaran aquella omisión?

El general Tomás Ángeles Dauahare, entonces subsecretario de la Sedena, informó a Calderón sobre el oscuro historial criminal de García Luna. Primero de manera verbal en una audiencia en que también participó el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y, de manera posterior por escrito –a solicitud de Calderón–, el general detalló nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa y movimientos sospechosos del encargado de la seguridad del país.

Al concluir la audiencia, Mouriño se retiró del despacho quedando solos Calderón y el general Dauahare, quien hizo saber al presidente su opinión sobre la estrategia de trabajar de la mano con el cártel del Pacífico, considerado el más fuerte y poderoso de todos los grupos delincuenciales que operaban en el país. Tontísima idea, aseguró el general, intentar acabar pronto con los cárteles de la droga uniendo fuerzas con el cártel del Pacífico. Adelantaba entonces parte de lo que terminó sucediendo: la fragmentación de células delictivas que se convirtieron en grupúsculos criminales.

Dauahare fue arrestado acusado de tener nexos con el cártel de los Beltrán Leyva. Estuvo preso 11 meses en el penal de máxima seguridad del Altiplano. En 2013 fue liberado al no haber pruebas suficientes para mantener las acusaciones en su contra.

Entre 2006 y 2012 no hubo una “guerra contra el narco”, sino una guerra entre cárteles; en ella el gobierno de Calderón apoyó al cártel de Sinaloa, también llamado del Pacífico, para debilitar a sus rivales. El encargado de operar esa guerra fue Genaro García Luna, narcotraficante declarado culpable y sentenciado en Estados Unidos que vestía uniforme y ocupaba el cargo de secretario de Seguridad del gobierno de México. Ordenó a la tropa disparar contra mexicanos y ponerse a las órdenes de La Maña. ¿Por qué Calderón lo permitió? ¿Por qué encarceló a quien le advirtió sobre los nexos de su superpolicía con el crimen?

Calderón sabía. Señalar que no, lo coloca no sólo como un mentiroso y cínico, también como un cobarde que, refugiado en España, tiene la osadía de cuestionar a los gobiernos que se encargan, aún con pendientes, de apagar el incendio que causó, mientras afirma que volvería a encender las llamas con las que, al igual que Nerón quemó Roma, él incendió al país mientras tocaba la lira.

Opina Calderón de todo. Presume saber de economía y finanzas, de política migratoria, relaciones internacionales, soberanía. Se ufana de contar con amplios conocimientos en energías limpias y renovables, asegura saber de salud, de epidemias. Se vanagloria de tener conocimientos en políticas públicas, en democracia. Curiosamente de lo único que reconoce no tener conocimiento es de que su secretario de Seguridad era narcotraficante y de que él es responsable de una serie de crímenes que se alimentan con las muertes de su absurda y criminal guerra. Se dice perseguido político, cuando es prófugo de la verdad.