on motivo de los últimos huracanes registrados en Estados Unidos, México y otras regiones del planeta, los expertos más calificados en el tema advierten cómo los gobiernos siguen sin dar a los océanos la importancia que tienen como origen de esos fenómenos naturales. Tampoco se la dan pese a que los océanos son un importante sumidero de carbono y fundamentales para las políticas para evitar el calentamiento global. También básicos para la vida silvestre y millones de personas que fincan su economía y calidad de vida en el mar.

Los científicos advierten que el cambio climático generado por las actividades humanas hacen a los huracanes más destructivos. Por su culpa, aseguran, hoy es 2.5 veces más probable que se den tan intensos como Otis, Helen o Katrina que afectaron gravemente a México y Estados Unidos. Y que si anteriormente se esperaba que un huracán de gran poder destructivo se formara una vez cada 130 años, ahora la probabilidad es de uno cada 53.

Pero los meteorólogos que en Estados Unidos abordaron con datos muy precisos la importancia de los huracanes que recientemente afectaron a dicho país, son víctimas de una campaña que los culpa de los daños ocasionados por Helen y Milton. Además, les atribuyen falsas teorías sobre el clima. La desinformación la avivan Donald Trump y sus seguidores. Afirman que hay huracanes de categoría 6, lo que es falso; que los meteorólogos controlan el clima, lo cual no es verdad; y que ellos y el gobierno de Joe Biden están creando y dirigiendo huracanes hacia Estados Unidos para dañar a la ciudadanía, la infraestructura pública y las actividades económicas.

Los promotores de esa campaña de desinformación ocultan que los océanos proporcionan la mitad del oxígeno del mundo. Sin embargo, carecen de la protección legal que merecen. Y destacadamente casi dos tercios de ellos, que se encuentran fuera de las fronteras nacionales. Son lo que comúnmente se llama alta mar. Pero hay una noticia alentadora: luego de dos décadas de negociaciones, el año pasado se firmó en la sede de la Organización de Naciones Unidas un tratado que es el inicio de una política global para proteger los océanos. Ello incluye la posibilidad de frenar la pesca ilegal que agota las poblaciones de peces, priva a las comunidades costeras de una fuente vital de alimentos y reduce su calidad de vida.

Dicho tratado es fundamental para hacer realidad el compromiso de garantiza el buen estado de un tercio del mar y la tierra para 2030. Y aunque en los medios no se ha destacado su importancia, se trata de una forma de garantizar la vida marina y la biodiversidad para las futuras generaciones.

El tratado se firmó precisamente cuando los océanos sufren una creciente contaminación de sustancias tóxicas y basura diversa (como los plásticos), a lo que se suman los proyectos de extraer minerales del fondo del océano a profundidades superiores a 200 metros. Tal es el caso de los minerales que requieren las baterías de los coches eléctricos. Vastas áreas del océano Pacífico, por ejemplo, son ricas en manganeso, níquel, cobre, cobalto y otros minerales. Quienes abogan por apoyar la minería en aguas profundas sostienen que es menos dañina que la que se realiza en tierra, la cual no tiene visos de concluir en el futuro. Pero la minería en aguas profundas causará daños irreversibles a la vida y los sistemas marinos.

La creciente demanda de los minerales citados se debe en muy buena parte a las políticas para reducir las emisiones de carbono. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2040 se duplicará la demanda mundial que hoy existe de muchos de esos metales, destinados especialmente como parte de baterías de vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas.

Hasta hoy 30 estados, entre ellos Reino Unido, Suecia, Irlanda, Alemania, Francia, España, Brasil, Nueva Zelanda, Canadá, Costa Rica, Chile, Panamá, Palau, Fiji y los Estados Federados de ­Micronesia, han pedido oficialmente una moratoria y/o prohibición de la minería comercial en aguas profundas. En cambio, Noruega la aprobó. Bien vale citar en otro artículo lo que pasa en México sobre este asunto. Existe ya una pésima experiencia al haber concedido un permiso para explotar un mineral en aguas nacionales.