l pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación en el contexto de un momento crítico para el futuro de la pesca en México y, por extensión, para la seguridad alimentaria de nuestro país. La decisión pendiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la recuperación de especies pesqueras no sólo tiene implicaciones legales, sino que también podría marcar un antes y un después en la forma en que abordamos la gestión de nuestros recursos marinos y el derecho fundamental a la alimentación.

México es un país megadiverso, y en esa vastedad, los recursos marinos no son la excepción. Más de 700 especies pesqueras alimentan a la población mexicana y a miles de personas alrededor del mundo, por lo que la pesca es sustento de comunidades costeras y contribuye significativamente a la economía nacional. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido una disminución alarmante en las poblaciones de peces debido a la sobrexplotación, la pesca ilegal y la falta de una regulación adecuada por parte del Estado Mexicano.

Esta situación amenaza constantemente la biodiversidad marina, la cual pone en peligro la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de mexicanas y mexicanos. Es fundamental reconocer el papel que juega la pesca sustentable en la consecución de la soberanía alimentaria de México. Un sector pesquero bien regulado y con prácticas responsables garantiza la disponibilidad de alimentos nutritivos para nuestra población, además de contribuir a la economía local y nacional, creando empleos y fomentando el desarrollo de las comunidades costeras.

En ese sentido, es preocupante que en los últimos seis años el Congreso mexicano haya sido omiso en legislar sobre la recuperación de especies pesqueras. Esta inacción ha creado un vacío legal que ha permitido la continuación de prácticas pesqueras insostenibles y ha obstaculizado los esfuerzos de conservación de especies. Es imperativo señalar que esta omisión contraviene nuestras obligaciones internacionales en materia de conservación marina, así como violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la alimentación.

Ante esta situación, la SCJN tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de intervenir. Desde hace varios meses tienen en su lista de pendientes un caso sobre la recuperación de especies pesqueras, en el cual se abordan los derechos a la alimentación y el medio ambiente. Una resolución a favor de la recuperación de especies pesqueras posibilitaría atender ese vacío legal existente, así como lograr un precedente crucial para la protección de nuestros recursos marinos en el país. Más importante aún: obligaría al Congreso a cumplir con su deber de legislar en esta materia vital para la sostenibilidad del medio ambiente y de quienes la componen.

Es crucial entender que la falta de acción en la recuperación de especies pesqueras pone directamente en riesgo el derecho humano a la alimentación. Este derecho, reconocido internacionalmente y consagrado en nuestra Constitución, implica tanto el acceso a alimentos como la sustentabilidad de los sistemas alimentarios. Al permitir la continua degradación de los recursos pesqueros, estamos comprometiendo la capacidad de las generaciones presentes y futuras de alimentarse adecuadamente, así como la sustentación de miles de familias pesqueras. Como sociedad, debemos reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestra inacción, pues, ¿estamos dispuestos a sacrificar la riqueza de nuestros mares y el bienestar de las comunidades pesqueras por ganancias a corto plazo?

La decisión de la SCJN va más allá de la cuestión legal, es un llamado a la conciencia social nacional sobre cómo valoramos y protegemos nuestro medio ambiente y vida futura. Por tanto, una resolución favorable no sólo protegería nuestros ecosistemas marinos, sino que también aseguraría el derecho a la alimentación de millones de mexicanos y mexicanas, sentando las bases hacia el camino de una soberanía alimentaria.

En este Día Mundial de la Alimentación, hagamos un llamado unánime por una pesca sustentable que garantice el bienestar del país y la preservación de nuestros recursos marinos para las generaciones venideras. Como nación, tenemos la responsabilidad de exigir a nuestros legisladores y a nuestro sistema judicial que actúen en consonancia con los mayores estándares en materia de derechos humanos, donde los intereses a largo plazo sean sostenibles para la vida en comunidad y no sólo para la riqueza. La recuperación de nuestras especies pesqueras va más allá de una necesidad ecológica, es un tema de derechos humanos y justicia social.