Mazatlán, Sin., La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) comenzó ayer en la mañana un paro de labores indefinido, en resistencia a la nueva Ley Orgánica y en protesta por la separación de Robespierre Lizárraga Otero co-mo encargado de despacho de la rectoría.

No nos dejan otro camino, dijo en un video Candelario Ortiz Bueno –quien sustituye a Lizárraga en dicho cargo– a la comunidad universitaria integrada por unas 200 mil personas, padres de familia y sociedad en general.

Señaló que desde febrero de 2023 empezó una absurda persecución política a través de una vergonzosa sumisión de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, así como de la fiscalía del estado ante el gobernador morenista Rubén Rocha Moya.

Ortiz Bueno asumió el cargo el 4 de octubre tras de que el juez de control ordenó la separación de Lizárraga Otero, implicado en un supuesto desvió de recursos públicos.

Ayer, el encargado de despacho de la rectoría de la UAS, acompañado de una comitiva de universitarios entregó a personal de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, un oficio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el documento se denuncia la persecución política de la que ha sido víctima la máxima casa de estudios de Sinaloa desde hace más de 20 meses, que violenta su autonomía con la aprobación de la Ley de Educación de la entidad.

Busca el apoyo de la Presidenta

Candelario Ortiz explicó que se busca el apoyo de la mandataria a fin de que se dé un ejercicio de diálogo para la pronta reconciliación en el conflicto existente desde más de un año y medio entre la UAS y el gobierno del estado.

La Autónoma de Sinaloa expuso que el paro indefinido es en respuesta a una incontable cantidad de violaciones no solamente a la propia autonomía universitaria, sino a normas de la Constitución Mexicana, la Ley General de Educación Superior y diversas sentencias del Poder Judicial de la Federación.

Los diferentes planteles educativos de Sinaloa, las facultades y escuelas de bachillerato estuvieron cerradas, sólo acudió personal de las áreas administrativas. Sin embargo, en Los Mochis y Culiacán, maestros impartieron en la calle clases a un grupo de alumnos que acudió y decidió no unirse al paro.

Al respecto, María Concepción Mazo Sandoval, investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas de la UAS y vocera de la comunidad universitaria, puntualizó que la suspensión de actividades es una medida extrema para salvaguardar la autonomía de la institución, pues, aseguró, han vivido alrededor de 600 días de persecución política a pesar de los esfuerzos de los universitarios por continuar siendo una institución de excelencia.

En tanto, el integrante del Movimiento Democrático Universitario marcharon en la Torre Académica de la UAS, Óscar Mata, alumno de la Facultad de Derecho, dio a conocer que se entregaría una solicitud a la fiscalía estatal para pedir la inhabilitación de Ortiz Bueno, quien ocupa el cargo ilegalmente pues no cumple con lo estipulado en la Ley Orgánica.

En tanto, el gobernador Rocha Moya sostuvo que la suspensión de labores académicas y administrativas en la UAS es ilegal, mientras no sean los tribunales laborales que lo determinen. Llamó a la comunidad universitaria a no hacer caso del paro y volver a las aulas.

En su conferencia semanal, el mandatario indicó que los funcionarios tienen que atenerse a la Ley Orgánica promulgada el pasado 2 de octubre. Convocó a “padres de familia, alumnos y a la sociedad sinaloense, a tener claro que no puede ser que la universidad camine así, tenemos que cuidarla.

Instó a la comunidad universitaria a que asuma la nueva Ley Orgánica de la UAS a fin de que la casa de estudios opere con calidad y sin delitos, pues, dijo, hay funcionarios implicados en un presunta red de corrupción debido a que cometieron irregularidades en la adquisición de alimentos que no licitaron y compraron a un sobreprecio. Además, se les acusa de la contratación de obras y servicios, adquisición de equipo de cómputo, oficina y uniformes, por más de 410 millones de pesos.

Con información de Debate de Sinaloa