Santiago. La Fiscalía de Chile presentó ayer cargos penales contra quien hasta el pasado viernes fue el general director de la policía militarizada de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, a quien acusa de ser responsable de delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social de 2019, levantamiento ciudadano que se saldó con por lo menos 38 muertos y miles de heridos y mutilados.

Junto con Yáñez, quien como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad debía supervisar las operaciones y emitir directrices para guiar el control en las calles, también se acusa al entonces general director, Mario Rozas, y al ex subdirector Diego Olate.

El Ministerio Público documentó casi mil 400 casos de violaciones a los derechos humanos, de los cuales la fiscal Ximena Chong dará cuenta uno a uno ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, con los cuales espera demostrar que no hubo las medidas adecuadas para prevenir o controlar el uso excesivo de la fuerza durante las protestas que se sucedieron por semanas.

Chong, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, detalló que Yáñez, Rozas y Olate omiten sus deberes de intervención y no ejecutan acciones para impedir o hacer cesar su comisión, pese a ocupar “mandos de niveles estratégicos con deberes específicos en el Control de Orden Público.

No emanó ni instruyó actos administrativos, instrucciones u órdenes generales orientadas a limitar el uso de gas lacrimógeno o la munición antidisturbios, ni que propendiera a impedir detenciones arbitrarias o cualquier otra medida que implicara cambios de las armas y municiones empleadas en el control de las manifestaciones sociales, de modo de impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que el personal subalterno, a su cargo y bajo su mando, estaba cometiendo, relató.

Dijo que la cantidad de lesiones de manifestantes imputables a Carabineros fueron conocidas por la Dirección de Orden y Seguridad de la institución, por el imputado Yáñez Reveco, pero que además le fue encomendada esa tarea desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

De modo que “la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, sólo en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2 mil 438 personas, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.

De esos casos, mil dos corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en cabeza o cuello; de éstas, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares, detalló.

El ex oficial, al hablar a la prensa, justificó lo actuado, al señalar que quienes ejercíamos el mando, en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que era imposible.