Los hallazgos del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) que investigó las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 fue ignorado por el gobierno federal, pues presentó un resumen ejecutivo del que excluyó a cientos de víctimas que ofrecieron sus testimonios y confiaron en que serían reivindicadas como tales, así como en que se construiría una ruta de no repetición, denunciaron los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart.

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a las víctimas de la violencia de Estado y a la sociedad en general, señalaron que se enteraron de que el pasado 25 de septiembre la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación llevó a cabo una reunión privada a través de Zoom, a la cual convocó a algunas víctimas y colectivos. En ella presentó el Informe final. Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la comisión.

El documento únicamente retomó la información de dos conjuntos de víctimas y dejó fuera a otros nueve –de esa manera se invisibilizan a los excluidos– y con ello también a otros sectores de la sociedad que padecieron la violencia del Estado.

Además de organizaciones político militares, movimientos estudiantiles, sindicales, comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas, disidencias político partidistas y periodistas, el Estado “también arrasó comunidades enteras de poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; asimismo, ejecutó a habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico”.

Igualmente hubo tortura contra personas marginalizadas y criminalizadas, así como contra disidencias sexo genéricas; sumado a ello, fueron afectadas grandes poblaciones del movimiento urbano popular y desplazaron oposiciones religiosas. Adicionalmente, hubo desaparición de personas refugiadas en la frontera sur de México e incluso integrantes de las fuerzas armadas y policiales fueron torturadas a manos de sus propios mandos.

Los comisionados afirman: todas estas violaciones graves constituyeron parte de un mismo fenómeno sistemático y generalizado de contrainsurgencia y subrayan que su exclusión del informe oficial no es un asunto menor porque son 4 mil 300 víctimas de violaciones graves a derechos humanos que fueron identificadas en la investigación. Implica también el desconocimiento de 6 mil 97 violaciones graves contra estas víctimas dentro de las que se encuentran 23 masacres.

De igual forma se desconocen a 116 mil 756 víctimas estimadas de desplazamiento forzado en 63 eventos. De todo ello se dio cuenta en el informe Fue el Estado (1965-1990), retomado de manera parcial en el reporte oficial.

Los integrantes de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos (Coveh) señalaron que no fueron convocados al encuentro privado y la Subsecretaría de Derechos Humanos dejó fuera de su presentación y de su página oficial el informe Fue el Estado (1965-1990). Tampoco retomó las recomendaciones, los factores de persistencia, el análisis de las causas y todos los hallazgos sobre perpetradores e instituciones implicadas.

Más adelante, los comisionados recordaron que la presentación de los resultados del trabajo realizado durante tres años se dio luego de la salida de Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación, los nuevos funcionarios intentaron tomar el control del equipo de investigación y de la elaboración del informe. Como no pudieron, descalificaron los hallazgos.

El pasado 15 de agosto, cuando se presentaron los informes de los distintos mecanismos de la Comisión de la Verdad a la asamblea de víctimas, el subsecretario Arturo Medina dijo que había cosas de nuestro informe con las que la Secretaría de Gobernación no estaba de acuerdo.

Con base en lo anterior, hicieron un llamado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para que retome los trabajos de la Coveh del que forman parte, que acepte de manera plena los resultados de su trabajo y con ello se reconozca a todas las víctimas de la violencia que el Estado ejerció contra ellas.