La política de entregar un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo general a personas de 18 a 29 años en desocupación laboral o que no estudian, y que les permita capacitarse para el empleo durante 12 meses, se incorporó a la Constitución, como medida para hacer obligatorio el programa denominado Jóvenes Construyendo el Futuro.

La reforma al artículo 123 constitucional se aprobó por 473 votos, de legisladores de todos los partidos, en una sesión que se alargó por más de siete horas ante la insistencia de los diputados de hablar desde la tribuna a favor del cambio. Como ya es usual, se utilizó la práctica de presentar reservas, sólo para acaparar tiempo.

En la presentación de posturas, diputados de Morena, PT y PVEM afirmaron que durante los anteriores gobiernos los jóvenes sin posibilidad de estudiar o de obtener un empleo fueron injustamente estigmatizados como ninis.

La política del actual sexenio permitió que de 2019 al 30 de junio de 2024 se destinaran más de 115 mil millones de pesos en beneficio de casi 3 millones de jóvenes, quienes obtuvieron un apoyo económico durante un año mientras se capacitaron en 570 mil centros de trabajo para adquirir capacidad y experiencia laboral, señalaron.

Según los diputados de la mayoría, participar en el programa ha permitido que 62 por ciento inscritos encontraran algún empleo.

En contraste, la oposición resaltó que si bien esta política ha ayudado a disminuir la exclusión de las personas de entre 15 y 29 años en México –un total de 31 millones, 23.8 por ciento de la población, según datos oficiales–, persisten fallas relevantes en su aplicación.

Los panistas Carlos Gutiérrez y Verónica Martínez citaron que, al cierre de 2023, la Auditoría Superior de la Federación reportó que más de 170 millones de pesos asignados al programa tuvieron observaciones por diversas irregularidades, como el cobro por parte de empresas fantasmas, duplicidad de padrones y supuestos moches exigidos a los beneficiarios.