El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos, de haber entorpecido los avances en el caso Ayotzinapa, aun cuando se detuvieron extradiciones a Estados Unidos para conseguir su colaboración.

Anoche, la Secretaría de Gobernación (SG) difundió un segundo informe sobre el asunto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que el mandatario insistió en que no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los estudiantes.

En víspera de que se cumpla una década de esos crímenes, el jefe del Ejecutivo manifestó en un documento público, enviado –dijo– a los padres, que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes.

Y que en caso que, al cierre de su gestión, no se llegue a esclarecer el caso, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la información dada a conocer por López Obrador, que incluye una carta de siete páginas y una sección de anexos con más de 100 cuartillas, el mandatario dijo que confió el caso al ex subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos, incluidos militares.

El titular Ejecutivo federal agregó que gracias a eso se pudo avanzar, pues a cambio de evitar la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, El Gil aceptó colaborar en calidad de testigo protegido.

Gracias a eso se logró la identificación de dos de los jóvenes normalistas (Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz).

“Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné (El Gil), que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes”, indicó el Presidente.

Acentuó que se debe aclarar que, aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado contra los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes.

Sostuvo que los altos mandos de las fuerzas armadas han colaborado y coinciden con él en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse.

Ratificó que la administración de Enrique Peña Nieto quiso dar carpetazo a las indagatorias por estos crímenes con la llamada verdad histórica.

El Ejecutivo volvió a criticar la actuación de las organizaciones que han acompañado a las familias desde el inicio de los crímenes, así como a los centros de derechos humanos Pro Juárez y Tlachinollan. Y los acusó de aprobar la liberación de 65 presuntos responsables bajo el argumento que fueron torturados, aun cuando la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes.

López Obrador insistió además en que tanto el ex fiscal especial para el caso Omar Gómez Trejo como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se opusieron a que se emitieran órdenes de aprehensión contra varios de los implicados, incluidos Murillo Karam como algunos militares.

Hasta el punto de que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA se retiraron.

Agregó que por intereses ajenos a la investigación se manejó que los militares fueron responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Acusó de estas versiones, entre otros, a la seudoperiodista Anabel Hernández, que sin pruebas manejó esa postura.

Indicios de cooperación

El mandatario expresó que funcionarios federales, como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, han dialogado en las cárceles con involucrados en el caso, ofreciéndoles recompensas y ley de amnistía a fin de obtener información.

Sin embargo, hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos de aportar, en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos.