Con posturas distintas de ministros, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la próxima semana cuatro proyectos sobre las consultas que solicitaron jueces y magistrados para revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), vigente desde el 16 de septiembre pasado.

Por un lado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa presentará tres proyectos en los que plantea que la Corte no tiene facultades para pronunciarse sobre la reforma judicial, al tratarse de cambios a la Constitución; por otro lado, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone una vía para dar entrada a la consulta que busca frenar la enmienda constitucional.

La presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe desechar, por notoriamente improcedente, la solicitud a que se refiere este expediente, plantea Esquivel en los proyectos publicados este martes en estrados de la Corte.

Esquivel Mossa argumentó que su propuesta se basa en los precedentes de ese alto tribunal, los cuales citó: controversia constitucional 82/2001 y la jurisprudencia P./J. 39/2002 de la segunda sala y la contradicción de tesis 105/2021.

Se ha determinado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para revisar el contenido de la propia Constitución, señala la ministra.

Los proyectos serán discutidos el próximo 3 de octubre. Para su aprobación se necesitan los votos de al menos seis de los 11 ministros que conforman el pleno.

El cuarto proyecto está a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone que la consulta solicitada por los juzgadores sea rencauzada a otro ministro, para que sea abordada bajo el análisis de otras de las fracciones de la Ley Orgánica del PJF, pero sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

Juan Luis González plantea que la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, dicte un acuerdo en el cual rencauce la petición de los promoventes a la controversia prevista en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues considera que esa es la vía idónea para procesar la consulta.

Es decir, una en la cual diversos impartidores de justicia federal solicitan a esta Suprema Corte verificar si la reforma al texto constitucional en materia del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, es compatible con diversas garantías judiciales y principios, entre ellos, la división de poderes, la independencia judicial, así como aquellos inherentes al estado constitucional de derecho, plantea el proyecto.