Como un logro histórico, calificó Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional en materia de derechos del sector.

El también secretario técnico del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas agregó que igualmente estamos muy satisfechos, porque la oposición ha coincidido en que se trata de un tema que va más allá de los colores, de los partidos y de las posiciones políticas y que es una reforma necesaria porque se hace justicia a los pueblos.

No obstante, indicó que el respaldo fue con ciertos matices, porque se presentaron un gran número de reservas, pero en lo general todos los legisladores están de acuerdo con la aprobación de esta reforma.

Aguilar Ortiz recordó que este cambio se ha impulsado desde 2019 con la consulta a los pueblos originarios, y precisó que la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma aspectos sustantivos que han reclamado los pueblos e incluso situaciones que fueron comprometidas en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Además, esta reforma se concreta en el marco del cambio, de la transformación que está viviendo el país sin recurrir a la violencia, a la movilización y sin haber un solo disparo.

Lo anterior a diferencia de la reforma realizadas en 2001, que se dio después de la guerra en Chiapas, y ahora estamos avanzado sin necesidad de utilizar la violencia, sin que los pueblos hayan recurrido a acciones que sacudan al país, y esto sólo ha sido posible por el gran respaldo popular que se tuvo el 2 de junio pasado durante los comicios.

Subrayó que a diferencia de lo ocurrido hace unos días con la reforma al Poder Judicial, en la que los partidos de oposición votaron en contra, ahora hubo unanimidad en apoyar la enmienda. Todos coinciden en que es un acto de justicia para los pueblos, y que más allá de los colores se debe seguir avanzando en el tema de los derechos indígenas.

Apuntó que todavía faltan etapas: es un proceso para garantizar los derechos; primero es el reconocimiento constitucional, luego la armonización legislativa; crear las leyes secundarias, luego vendrá la armonización institucional y las políticas públicas para concretar la reforma.

Además, desde los propios pueblos se ha señalado que quedan dos pendientes importantes: el tema del territorio (una nueva reforma al artículo 27 constitucional) y el de la representación política de los pueblos originarios que se espera se logre con cambios en los temas político-electorales.