En la presentación del informe final relativo a la visita que hizo a México hace un año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria instó al Estado mexicano atomar medidas para poner fin a esta práctica que sigue siendo generalizada en el país, reiteró su preocupación por la aplicación dela prisión preventiva oficiosa y defendió la independencia judicial.

Al respecto, el gobierno admitió que persisten desafíos y reiteró que el documento no refleja adecuadamente el contexto actual, como lo señaló al concluir la visita de los expertos el 29 de septiembre de 2023.

La representante permanente de México ante la Oficina de la ONU, la embajadora Francisca Méndez, destacó que en los años recientes se han realizado importantes acciones institucionales para atender los retos. No obstante, aseguró que la administración que encabezará Claudia Sheinbaum tomará en cuenta la veintena de recomendacionesde este grupo para fortalecer las po-líticas nacionales en esta materia.

En la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, Matthew Gillett, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, si bien felicitó a México por avances como la transición en 2008 a un modelo acusatorio de justicia centrado en los derechos humanos, las mejoras a la ley nacional de aplicación penal de 2016, la introducción de un Registro Nacional de Arrestos y Detenciones, y otras enmiendas legislativas, también enfatizó que hay factores que permiten que la detención arbitraria siga siendo generalizada.

Citó el uso de la prisión preventiva oficiosa. Según el informe, de aproximadamente 90 mil presos sin sentencia en 2022, la mitad lo estaban bajo dicha figura. Ante ello, se sumó a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que dicha medida sea derogada, al igual que el arraigo.

Asimismo, se refirió a la militarización de la seguridad pública a escala federal, estatal y municipal. En la actualidad, según el informe, más de 100 mil soldados realizan tareas policiales, seguridad pública y control migratorio. Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios.

Asimismo, el Grupo de Trabajo identificó un uso excesivo de la fuerza durante los arrestos de personas, a quienes se infligen palizas y torturas para obtener confesiones e información sobre otros presuntos sospechosos, además de que se recurre a malos tratos como forma de humillación y castigo.

Gillett indicó que la detención arbitraria afecta particularmente a pueblos indígenas en México y es ampliamente utilizada en el contexto de la migración. En este último punto, expresó su “profunda preocupación por la detención de facto de niños migrantes”.