La reforma al artículo 2 constitucional, que se vota este miércoles en la Cámara de Diputados, busca que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos sean sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la bancada de Morena confió que sea aprobada por unanimidad.

Esos cambios permitirán a las comunidades emprender actos jurídicos en su propio beneficio y obligarán al Estado a consultarlas cuando alguna medida legislativa o administrativa pueda afectarlas. Incluso, se les da pleno derecho de operar y administrar sus propios medios de comunicación, de radiodifusión, de telecomunicaciones y acceso a Internet de banda ancha.

El dictamen, que fue aprobado en la legislatura pasada y al que ya se le dio publicidad, suprime de la Constitución la palabra pobla-ciones, al tratarse de un término ambiguo, y se sustituye por la de pueblos, para que sean éstos los que, con su autodeterminación, tengan derecho a organizarse como ellos lo decidan, social, económica y políticamente, explicó la diputada morenista Dolores Padierna.

Expuso que se trata de una reforma integral porque aborda todos los ámbitos de la vida de los pueblos; es intercultural porque respeta su idiosincrasia, lenguajes y culturas, y multiétnica porque prácticamente convierte a México en una nación pluricultural.

Padierna indicó que se busca acabar con la visión paternalista con la que a los pueblos y comunidades se les considera que no son capaces de tomar sus propias decisiones y señaló que la obligación de consulta incluirá proyectos de alto impacto, como mineros o hidroeléctricos. No sólo tendrán que dar autorización, sino que, en caso de otorgarla, las ganancias deberán ser compartidas con los pueblos.